Editorial

¿Tránquenlos?

El gobierno está recibiendo mucha presión social para que proceda a “trancar” a opositores que ocuparon funciones públicas en la administración pasada.

Detengámonos un momento:

El Gobierno no puede trancar a nadie a menos que se vuele el Estado de derecho y eso sería muy peligroso.

Quienes ordenan prisión son los tribunales, una condición consignada en la Constitución de la República como forma de proteger los derechos de todos los ciudadanos, en especial porque se les presume inocencia hasta demostrar lo contrario.

También se le reclama a la Procuraduría General de la República que someta a la justicia a exfuncionarios.

Sí, debe someter a todas las personas contra quienes tenga pruebas de que cometieron delito, para que en un juicio se determine su culpabilidad o inocencia.

Pero la Procuraduría General de la República, dirigida ahora por una exjueza de la Suprema Corte de Justicia, debe hacer sometimientos con expedientes sólidos y bien instrumentados, lo cual no es posible lograrlo en días, como se quiere que se haga.

Presionar al Gobierno, incluyendo a la Procuraduría, para que actúe al margen del debido proceso es hacerle un favor a los supuestos culpables, pues enfrentarían expedientes mal instrumentados, que es también una forma de fomentar la odiosa impunidad.

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