Editorial

Tras la intención, ir a los hechos

Impactado por la proliferación agresiva de la delincuencia capaz de adueñarse de cárceles y segar vidas inocentes, potenciada en sus raíces por la desigualdad social y la disfuncionalidad de familias, el presidente Luis Abinader lanzó lo que se interpretó como declaración de guerra al crimen organizado que la ley describe también como asociación de malhechores y que suele extenderse con ramajes y contubernios. Si es blando el valladar que debe contener los quebrantamientos a la ley y el orden, y si desde el Estado, además de faltar voluntad y competencia para la persecución, resultan escasos los medios para una batalla constante, es poco lo que puede esperarse.

Deberían revisarse al alza los recursos que suelen dirigirse a instituciones para asegurar vidas y bienes que son blancos favoritos de los antisociales.

No existe un blindaje tenaz a través de mecanismos internos de vigilancia y sanción para garantizar impenetrabilidad al crimen que busca concurso en las filas de cuerpos armados y policiales.

Las gestiones disciplinarias flexibles y la selección poco exigente de integrantes del sistema judicial no garantizan eficacia punitiva y está visto que el Ministerio Público no podría jugar mejor papel si no puede reforzarse materialmente ni crecer con mejores recursos humanos para lo técnico y lo ético, objetivos amenazados por un menor presupuesto 2021. Inexplicables recortes que contradicen intenciones.

Sin ataduras a la unanimidad

Supeditar con rigidez la toma de decisiones de Estado a que todos los factores políticos o de otra índole coincidan en su parecer es un ideal que estropearía cualquier esfuerzo de hacer las cosas bien para las que bastaría el peso de una mayoría significativa y de legitima representación ciudadana a través del voto.

A los que son menos numéricamente en el protagonismo partidario les bastaría con su disidencia para imponer su «verdad» o para que el juego quede frustrantemente trancado en cualquier proceso de toma de decisiones.

Hasta ahí no se puede llegar. Los consentimientos absolutos de las partes como prerrequisito concederíaun poder al que no tiene derecho a exigir más de la cuenta. Su bola negra o capacidad de veto sería antidemocrático totalmente .Una forma intolerable de paralizar el componente mayoritario.

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