Tribunal Constitucional ordena a la Procuraduría emitir certificaciones aunque existan antecedentes penales.

Santo Domingo, Rep. Dom. – El Tribunal Constitucional (TC) ha dictado una sentencia crucial que establece que la Procuraduría General de la República (PGR) no puede negarse a expedir una certificación sobre la situación penal de un ciudadano, incluso si este tiene antecedentes penales. Actualmente, la PGR solo emite el documento conocido como certificado de buena conducta a aquellos que no tienen condenas penales definitivas.

Contexto de la decisión

En este caso, la alta corte analizó la situación de un ciudadano a quien la Procuraduría Fiscal de El Seibo le negó la expedición de una certificación de no antecedentes penales, argumentando que estaba vinculado a un proceso penal. Sin embargo, no existía una sentencia condenatoria firme en su contra.

Impacto de la negativa

El ciudadano afectado alegó que esta negativa le impidió conseguir un empleo y le causó el rechazo de una solicitud de visado, además de perjudicar su honor, buen nombre e intimidad personal. La certificación de no antecedentes penales es un requisito común para:

• Optar por un empleo.
• Solicitar una visa.
• Ingresar a instituciones educativas.
• Realizar diversos trámites administrativos.

A pesar de que las personas con condenas penales definitivas no pueden recibir este documento, deben abonar una tasa de RD$800, incluso si no obtienen la certificación.

Revocación de la decisión anterior

El Tribunal Constitucional ya había establecido que solo una sentencia condenatoria con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada constituye un antecedente penal. Sin embargo, la Procuraduría Fiscal de El Seibo desestimó la solicitud del ciudadano, y un juzgado de primera instancia validó esta actuación. Al revocar esta decisión, la alta corte criticó al tribunal inferior por no aplicar la jurisprudencia establecida respecto a las solicitudes de certificación de no antecedentes penales.

Reafirmación de derechos fundamentales

El Tribunal revocó la sentencia anterior, acogió la acción de hábeas data y ordenó la emisión de la certificación de no antecedentes penales, considerando que la negativa vulneró los derechos fundamentales del solicitante. Esta decisión reafirma que solo las sentencias condenatorias con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada constituyen antecedentes penales.

Obligación de emitir certificaciones

El Tribunal precisó que, aunque una persona tenga antecedentes penales, la Procuraduría no puede negar la expedición de toda certificación. En estos casos, debe emitir un documento que refleje la situación jurídica del solicitante, evitando que el ciudadano quede sin respuesta de la administración pública.

La sentencia también reitera que una investigación penal o un proceso judicial en curso no se consideran antecedentes penales. Estos solo surgen de una sentencia condenatoria firme. Este criterio fue establecido en la sentencia TC/0575/15, donde se argumentó que negar una certificación de no antecedentes penales a una persona no condenada equivale a imponerle una condena anticipada, violando su derecho a la presunción de inocencia.

La controversia sobre el alcance de estas certificaciones no es nueva. En 2013, un juez de amparo ya había señalado que el documento no debería denominarse «certificación de no antecedentes penales», sino simplemente «certificación de antecedentes penales», para reflejar todas las situaciones jurídicas del solicitante. Aunque el Tribunal Constitucional no adoptó esta propuesta en la sentencia TC/0575/15, la decisión reciente se aproxima a este criterio, estableciendo que, si no se puede expedir una certificación de no antecedentes penales, la administración debe emitir un documento que refleje la situación jurídica del solicitante.