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Tribunal continuará este viernes a las 2:00 de la tarde conocimiento coerción Caso Coral

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para este viernes a las 2:00 de la tarde la continuación del conocimiento de medidas de coerción de la Operación Coral.

La jueza Kenia Romera de la Oficina de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó la audiencia tras la presentación de los alegatos del imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien explicó como funcionaba el entramado societario del caso.

En su intervención Girón Jiménez reveló que por instrucciones del coronel Rafael Núñez de Aza se comenzó a cancelar a personal de Cuerpo Especializado de Seguridad Turísticas (Cestur) y no se reponían, entonces esos recursos se depositaban a favor de  Erickson Brenz.

Indicó que fue citado por Núñez de Aza en un centro de entretenimiento ubicado en la avenida Máximo Gómez con 27 de Febrero, donde se le explicó esta dinámica.

Indicó que tuvo contacto por primera vez con Núñez de Aza en el año 2005, desde cuando entonces se realiza esta práctica según declaró Girón.

“La nómina se manejaba en recursos humanos y luego se comenzó a centralizar en la gerencia financiera”, Raúl Alejandro Girón mientras revelaba que los salarios por especialísimos se vendían.

“Magistrada, ponga 300 gentes mensuales a 150 mil pesos a ver cuánto le da. Ahora es que comienza a cuadrar los números del Ministerio Público”, dijo Raúl Alejandro Girón a la magistrada para ilustrarla sobre la situación.

Raúl Jiménez era programador de nóminas del Cestur, mientras que Núñez de Aza es acusado de ser el cerebro financiero del entramado de la operación Coral.

Asimismo, confesó que tenían una sucursal bancaria específica para realizar sus transacciones, debido a los montos de los mismos.

Girón Jiménez le planteó al tribunal que era imposible presentarse a cualquier sucursal a cambiar cuatro millones de pesos en efectivo con un cheque de administración.

Asimismo el oficial indicó que los vehículos eléctricos que había adquirido, eran uno para el coronel de Núñez de Aza y otro para el general Adán Cáceres ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), pero que para protegerlos se pusieron a nombre de una empresa propiedad de la pastora Rossy Guzmán.

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