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Tribunal ordenó la prisión preventiva contra cabecillas de estructura del microtráfico impactada en Navarrete y declara complejo el proceso

SANTIAGO. – El juez José Rafael D’ Asís, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, validó y acogió la solicitud de la Fiscalía de Santiago e impuso la prisión preventiva en contra de los cabecillas de la estructura del microtráfico que operaba en el municipio Villa Bisonó (Navarrete), y a la que, en medio de una operación interagencial, este órgano persecutor impactó y le incautó drogas, dinero en efectivo, chalecos antibalas, armas y municiones.

El tribunal que, además, declaró el proceso de tramitación compleja, ponderó de la investigación, el hecho de que define los roles que jugaban cada uno de los imputados en la estructura del microtráfico.

La prisión preventiva se ordenó contra siete de los nueve imputados, en tanto que a dos de ellos les fueron impuestas garantías económicas, con impedimento a salir del país y la obligatoriedad de presentarse periódicamente ante el órgano investigador.

En contra de Ricardo Diloné Sosa (el Amarillo) y de su esposa y socia en la organización, Eliana Magdeline Francisco Núñez (Madelin), a quienes se le imputa dirigir la estructura en calidad de patrocinadores, el tribunal le impuso la prisión preventiva durante 12 meses.

También, fueron enviados a prisión preventiva los tres miembros de la Policía Nacional, Starlin Álvarez Álvarez, Jerison Morel Arias y Robinson Contreras Sisnero. Estos cumplirán la medida durante seis meses en el Complejo Correccional de Batey Bienvenido de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.

Igualmente, contra Willi Manuel Rivas (Willi) y Arístides de Jesús Castillo Fernández se ordenó la privación de libertad durante tres meses.

Entre tanto, el juzgador impuso tres tipos de medidas contra Anthony Morel Rodríguez y Antonio Morel Peralta (Ramón), a quienes impuso la presentación de una garantía económica por un monto de $20,000 mil pesos en efectivo, prohibición a salir del país y presentarse el último viernes de cada mes ante el órgano acusador.

En su motivación de la medida, el juzgador se expresó respecto de la vinculación de los miembros de la Policía Nacional a este grupo criminal, al establecer que están llamados a proteger a la sociedad y no a brindar protección a quienes están implicados en este tipo de acciones que ellos están llamados a combatir.

En la lectura de la medida de coerción el Ministerio Público estuvo representado por las fiscales Quirsa Abreu Rodríguez, Juan Elías Pérez y Yeny Liranzo.

En la investigación la Fiscalía de Santiago constató que la organización, que se empleaba en numerosos crímenes, era “intocable” en Navarrete, un poder que se agenció con la integración a sus filas de los citados miembros del cuerpo del orden y un exmiembro del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), que protegían sus operaciones y les servían de informantes, a fin de advertirles de las diligencias de investigación que se pudieran desarrollar en su contra, a cambio de dinero y otros favores.

También, contempla, la investigación preliminar, que los miembros de esta estructura cuentan con un amplio historial delictivo y se especializaban en actividades del microtráfico y tráfico ilegal de armas de fuego y municiones.

Durante el operativo se procedió con la incautación de cientos de evidencias.

Para interceptar a los criminales, los más de 30 fiscales que trabajaron en la operación, contaron con el soporte de más de 400 miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional, y otra decena de oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Contra los cabecillas de la organización, el Amarillo y Madelin, se presentaron cargos provisionales consistentes en violación a los artículos 4, letra D; 5, letra A; 6, letra A; 8, 28, 29, 34, 58, letras A, B y C; artículos 60 y 75, párrafo II, así como el artículo 85, letra J, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de patrocinadores.

En su contra también se formularon cargos por transgredir los articulados 265 y 266 del Código Penal Dominicano que sancionan la asociación de malhechores; así, además, se enfrentan a imputaciones por violación a la Ley 631-16 de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

En cuanto a los imputados Arístides Morel Peralta (Ramón) y los tres miembros del cuerpo del orden, Álvarez, Arias y Sisnero, se presentaron cargos provisionales por violar los artículos 177, 265, y 266 del Código Penal Dominicano, sobre cohecho y asociación de malhechores; también responderán a las imputaciones indilgadas por violación al artículo 71 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de encubridores.

Adicionalmente, alias Ramón enfrenta cargos por violación a los artículos 5-3, 5-4, 5-5, 30-2, 30-7, 30-8, 30-10, 33-1 y 34, de la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

También, por transgresión a los artículos 167, 60, 66, 67, 108 y 170 de la Ley 3489 del Régimen de las Aduanas.

Sobre Anthony Morel Rodríguez, se presentaron cargos provisionales por violación a los artículos 265 y 266 del citado código, que sancionan la asociación de malhechores; así, también, por violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

En cuanto a Willi Manuel Rivas, este se enfrenta a imputaciones de traficante, por violar los artículos 4, 5, 8, 9, 58, 75, y 85 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas; así como también por violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados.

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