Editoriales

Turbulencias por resolver

La campaña electoral en su recta final ha estimulado la ocurrencia de varia­dos conflictos y múltiples protestas de comunitarios, entre los que sobresalen dos: la paralización de las clases dispuesta por el gremio de los maestros; y las dificultades que han tenido que enfrentar el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral en la conformación de las boletas de ciertos partidos políticos.

En cuanto al gremio magisterial se ha considerado inoportuna la decisión de la ADP de poner en marcha un plan de lucha, a base de suspender la docencia en las escuelas, en procura de aumentos salariales, pero acosta del derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir la docencia.

Suspender e interrumpir el calendario de clases constituye un sacrificio extremo que no se justifica, además de constituir una acción temeraria violadora de la ley y la Cons­titución. No obstante, son justos los reclamos por las mejores condiciones laborales para los maestros, pero ello no puede sacrificar el derecho de la población escolar ni tampoco violar la ley.

En esas condiciones, los paros de la ADP ponen en el tapete el tema de la baja calidad de la educación, siendo la baja preparación de los docentes una de sus causales. En esa circunstancia, las mejoras salariales y de las condiciones laborales para los maestros deben condicionarse a la preparación de los maestros y a la evaluación del desempeño, de modo que se fomente la meritocracia en educación y por esa vía se eleve la calidad de la educación.

Bajo esas condiciones el diálogo debe continuar entre autoridades y maestros hasta que se acuerde un pliego de reivindicaciones sujetas a la supresión de los paros escolares, el retorno a la paz laboral, y el establecimiento de las condiciones que sirvan de base para la calidad del maestro y de la educación.

En lo que respecta a los reclamos fuera del marco legal hechos por el Partido Fuerza del Pueblo, dichos reclamos fueron desestimados por la JCE dejando fuera a uno de los candidatos más populares del partido y ajustando la boleta a las disposiciones sobre equidad de género.

El hecho es revelador de las serias dificultades que tienen los partidos y una buena parte de la población dominicana a no respetar las disposiciones establecidas por la Ley y por la autoridad democrática, así como por la propensión a violentar la conducta racional, la cual debe primar en el marco de la política moderna. Esa tendencia a la rebelión contra la Ley y contraria a la racionalidad proviene de una tradición que insiste en la informalidad y el personalismo, contexto social donde florece la formación del liderazgo caudillista.

La nación debe superar esas trabas para fortalecer la democracia y el desarrollo.  

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