Editorial

Un progresivo descreimiento

Como si hubiese entrado ya en un plano inclinado, sigue disminuyendo la confianza de los dominicanos en los partidos políticos e instituciones del Estado como el Congreso y la Justicia y hasta en la gestión presidencial actual. Palidece a la carrera el tiempo dorado de una colectividad dada a cifrar esperanzas en las renovaciones del poder a través de elecciones con tasas de participación en urnas superiores al promedio en América Latina.
Ya solo dice creer en el partidismo un 28.4% de encuestados por “Barómetro de las Américas”, 37.2% en los sufragios y 41% en el Congreso que ordinariamente es objeto de críticas en este país por lo costoso que resulta a partir de los privilegios a costa del erario de que disfrutan sus miembros.

Tales índices negativos y su proyección al futuro no serían de exclusiva preocupación para quienes los causan llevando a la comunidad a distanciarse de ellos. Conducidos en alta proporción a la impopularidad, los usos democráticos irían quedando sin sentido práctico para la gente; sin la preeminencia que en su imaginación corresponde bajo el Estado de derecho que la República consagra desde su fundación y gran parte de la sociedad aspira a perfeccionar. Son masas descreídas por la forma de gobernarlas las que en muchos sitios convierten las calles en conturbadores campos de batalla.

Estrictas Reglas para un mercado

Un alimento como la leche que es a su vez ingrediente de otros comestibles fundamentales para la nutrición y la buena salud, no debe escapar a controles de minuciosidad y eficacia: la libertad de comercio no debe servir para engaños y riesgos al consumidor. Contra los perjuicios asociados a la falta de calidad y malas formulaciones lácteas emerge el decreto 392-19 llamado a caer sobre irregularidades industriales o de distribución provenientes del palpable vacío de regulaciones.
Es tiempo ya de garantizar protección para la ingesta de leche y sus derivados con directa vigilancia sobre componentes del mercado; con explícita información sobre el contenido real de los envases puestos a disposición del público. Las normas serían, además, un respaldo contra la competencia desleal a los diferentes productores locales apegados a procedimientos correctos.

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