Editorial

Una acción transcendental

En la formación social del dominicano predomina una matriz conductual fundamentada en las relaciones primarias de corte familiar, afectivo e informal. De ahí la debilidad de la institucionalidad democrática en nuestro país.

En ese contexto la formalidad de la Ley, resulta una orientación de conducta ideal que difícilmente se asimila para su aplicación. Por eso la propensión del dominicano a violentar el ordenamiento  jurídico que define la institucionalidad del Estado, el cual resulta en un espacio donde se materializa la dominación personal.

Se trata del Estado-persona que se administra mediante un dominio personal como el que se establece a través de la jefatura del “caudillo”, el cual se autoconcibe como el propietario del patrimonio del Estado, siguiendo la cultura del Estado patrimonial, al tiempo de propender, además, a la apropiación de todos los poderes del Estado.

Sobre esa base el caudillo se hace dueño no solo del poder político y económico, concentrándolos en sus manos, sino que en algunos casos, como el de Trujillo, se convierte en dueño de las familias y del destino de los habitantes de la nación. En esa condición el caudillo merece de sus conciudadanos subalternos todo sentido de respeto y hasta de veneración, colocando su figura en una entidad mítica por encima de la Ley y del propio Estado que él encarna.

En ese orden valorativo nadie debe osar cuestionar la legitimidad del dominio del caudillo, so pena de ser castigado y caer en “desgracia”, perdiendo con ello toda oportunidad y prebenda, que pueda derivarse de la obediencia al caudillo. Por eso toda forma de cuestionamiento, aun aquellas basadas en la Ley, son consideradas falta de respeto al poder del caudillo, cuyo dominio sustenta la estabilidad del orden social.

Mientras más se consolida ese ordenamiento del poder del caudillo, más se debilita la institucionalidad democrática basada en el respeto de la Ley. Por eso también debe considerarse una decisión trascendental, en un país como el nuestro donde predominan la violación a la Ley, la decisión que ha adoptado el Tribunal Superior Electoral, de admitir y conocer el amparo incoado por el Frente Amplio en contra del presidente Medina y la directora del Plan Social, por la supuesta violación a la resolución No 33-2019 de la JCE.

Esa decisión puede ser considerada un acto de valentía institucionalista de parte del TSE, si se contrasta con el contexto cultural dominante que favorece la jefatura autoritaria del modelo caudillista. De acuerdo a esta tradición, sin embargo, la decisión del TSE y del Frente Amplio de  citar judicialmente al mandatario y su funcionaria, podrían interpretarse como una falta de respeto y un acto de rebeldía frente al poder personal del presidente.

No obstante, ese incidente debería considerarse como un acto normal y natural dentro de un estado de derecho, donde se respete la Ley y la Constitución. Por eso decimos que se trata de un hecho trascendental, que va en la línea del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que es una de las perspectivas en juego en las próximas elecciones.

¡Qué se respete al presidente de acuerdo a la Ley y la Constitución!

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