Opinión

Una justicia aleccionadora y erudita

Por: Rafael A. Escotto

«Detrás de cada fortuna hay un delito». Honoré de Balzac

Como abogado estadounidense interesado en la evolución de las ciencias jurídicas aplicada al derecho y al manejo de la justicia que es lo que demanda Dios, me senté frente a mi televisor a oír las inteligencias forenses dominicanas hacer sus planteamientos, sus alegatos o discursos en favor de los imputados en el caso tipificado como complejo; complicado, tanto por la calidad de los implicados y lo engorroso de la trama la cual ha sido tratada bajo la nomenclatura judicial de «Operación anti pulpo».

Guardando la jerarquía criminal de este caso, «Operación anti pulpo» con el proceso que se llevó cabo el 25 de enero de 1995 en los Estados Unidos conocido legalmente como El pueblo del Estado de California contra O. J. Simpson, un juicio televisado de naturaleza penal que se ventiló en la Corte Superior de Los Ángeles presidida por el juez Lance Ito, en el que el ex jugador estrella de la Nacional Football League y actor de cine O.J. Simpson, juzgado por dos cargos de asesinato por las muerte de su exesposa Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, amigo de ésta, ocurridas el 12 de junio de 1994.

En aquella oportunidad tuvimos la ocasión de observar durante veintiséis horas, a un equipo élite de abogados defensores cuya barra la integraron Robert Shapiro, litigador, Johnny Cochran, defensor, F. Lee Bailey, Alan Dershwitz, Rober Kardashian, Shawn Holly, Carl E. Douglas y Gerald Uelmen Barry Scheck y Peter Neufeld, dos abogados especialistas en evidencia basada en ADN. Marcia Clark y Christopher Darden fueron los fiscales adjuntos. Esa vez la comunidad jurídica nacional e internacional tuvo la oportunidad de ver en escena a ambos lados de las barras a los más granado o eminente de la intelectualidad jurídica de la época en los Estados Unidos.

En el juicio Operación anti pulpo, el juez de la Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, durante más de veinticinco horas escuchó con interés las distintas exposiciones tanto de los fiscales adjuntos Wilson Camacho, juez de Atención Permanente del Distrito Nacional y Yeni Berenice Reynoso, en su condición de directora general de Persecución del Ministerio Público y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), algunas veces haciendo correcciones a ambos lados de las barras a manera de advertir sobre la línea argumentativa del caso, recurriendo para ello a una metodología altamente didáctico o pedagógica.

De lo que se trataba fundamentalmente en este juicio era sobre una Orden de coerción, la cual consiste en imponer sanciones a quienes con su conducta obstaculicen o perjudiquen los fines de administración de justicia. El juez Vargas al imponer la pena de reclusión preventiva a los imputados ejerció un mandato judicial y aplicó la pena que establece la ley o el cumplimiento forzoso del derecho luego que el Magistrado constata los actos de inconductas. Tenemos, por tanto, que la sanción constituye un ordenamiento obligatorio por un acto delictivo cometido por los imputados. La consecuencia de su inconducta es la coerción, el apremio o el constreñimiento.

La introducción que hizo el magistrado Alejandro Vargas previo a la aplicación de la coerción estuvo encausada a llevarle un mensaje deontológico o ético a la sociedad en su conjunto y utilizó los delitos supuestamente cometidos por los imputados en el caso de la llamada Operación anti pulpo, para quienes intenten, en el presente o en el futuro, sean estos funcionarios públicos o personas aliadas a actividades dolosas, se vean en el espejo de los acusados quienes han sido humillados y sometidos al desprecio y a la deshonra pública por su participación en actos de corrupción pública en perjuicio del Estado Dominicano.

Quedó bien claro que este no fue un juicio político son aquellos que se llevan a cabo para determinar la responsabilidad de funcionarios públicos en distingos hechos y circunstancias. Por lo general estos procesos son realizados por el poder legislativo. En los Estados Unidos hemos, el más reciente fue contra Donald Trump por supuesto «abuso de poder», Bill Clinton, quien resultó absuelto por el Senado en relación con el caso de la pasante de la Casa Blanca Mónica Lewinsky y el de Richard M. Nixon, en conexión con el caso Watergate, sustentados en el Art. II, sección 4, de la Constitución. En América Latina están los casos de Martin Vizcarra, en el Perú, acusado de corrupción y Pedro Pablo Kuczynski, en 2018 y Alberto Fujimori, en el 2000. Dilma Rousseff (2016), en Brasil y el de Otto Pérez Molina (2015) en Guatemala, entre otros.

La decisión evacuada por el honorable magistrado Vargas fue hecha con la agudeza aleccionadora de un maestro a sus discípulos. Fue como si este juez tan elocuente y tan profundo en sus juicios le quisiera decir a los miles de jóvenes que estaban frente al televisor observando la sanción: «No busques personas con tus mismos gustos, busca personas con tus mismos valores.»

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