Editoriales

Una toma impune de aguas que son un bien común de dos naciones

Conectarse unilateralmente del fronterizo río Masacre para monopolizar su caudal es atentar contra los usos de legitimidad dados a sus aguas a lo largo de la historia, sin pretensión de exclusividad ni de dañina sobreexplotación y para dos lados de la frontera que divide a República Dominicana. Con todo derecho, y fundándose en tratados irreversibles e innegociables entre ambos Estados, el canciller Roberto Alvarez solicitó con corrección diplomática poner fin a la construcción de un canal para derivación del recurso hídrico hacia el lado haitiano.¡Inaceptable!

Aun cuando el primer ministro Ariel Henry acogió la petición como razonable, tratándose de un río que aquí nace y desde aquí desemboca, fue enfático en revelar que la intervención ilegal y en desmedro del derecho internacional sobre un cauce dominicano y para provecho particular es una acción privada, mezquina y atropellante se agregaría, que no compromete taxativamente a su gobierno. ¡Insólito!
A la reconocida incapacidad de poner fin al bandidaje que domina amplios espacios en el oeste de la Hispaniola, sumida en una ingobernabilidad que preocupa al hemisferio, las autoridades haitianas admiten un mayor vacío de poder lesivo a soberanías cercanas.

Condición fallida y de daños que trascienden fronteras respondida con vacilaciones por la comunidad internacional que al menos logró que un lejano estado africano acepte hacer suyo el caso, dudándose mucho de los resultados.

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