Derecho constitucional y populismo penal

El Estado constitucional de Derecho se caracteriza por la centralidad de la persona humana y la supremacía de los derechos fundamentales frente al poder punitivo del Estado. En ese marco, el garantismo constitucional representa una concepción jurídico-política que busca asegurar que toda manifestación del ius puniendi esté sometida a los límites constitucionales, a la legalidad estricta y a la tutela judicial efectiva. Frente a este modelo racional y normativo, el populismo penal irrumpe como una tendencia que instrumentaliza el miedo social y la inseguridad ciudadana para justificar la expansión desmedida de la represión, debilitando los principios de proporcionalidad, presunción de inocencia y humanidad de las penas.

El garantismo, como doctrina consolidada por Luigi Ferrajoli, se estructura sobre la base de que el derecho penal solo puede actuar como ultima ratio, dentro de un sistema normativo que prioriza la prevención, la reinserción y la limitación del poder punitivo. En cambio, el populismo penal, en su vertiente contemporánea, propugna un derecho penal simbólico y mediático, donde el castigo se convierte en un instrumento de legitimación política. Se legisla para las encuestas, no para la Constitución. Esta tendencia se alimenta de discursos simplificadores que asocian la seguridad con el endurecimiento de las penas, y la justicia con la eliminación de garantías procesales, generando así una erosión paulatina del Estado de derecho.

En las democracias latinoamericanas, incluyendo la República Dominicana, se observa cómo el discurso populista ha permeado los sistemas de justicia penal a través de reformas legislativas orientadas a complacer la opinión pública más que a fortalecer el debido proceso. El uso político del miedo —amplificado por los medios y las redes sociales— convierte al derecho penal en un espectáculo de castigo. De esta manera, la política criminal deja de ser racional y pasa a ser emocional, guiada por la inmediatez y no por la constitucionalidad.

El garantismo constitucional, sin embargo, no se opone a la seguridad pública. Por el contrario, busca una seguridad con derechos, una justicia eficaz pero respetuosa de la dignidad humana. La Constitución de 2010 en la República Dominicana consagra en su artículo 40 el principio de libertad personal y la protección contra detenciones arbitrarias, al tiempo que exige la observancia del debido proceso y la proporcionalidad de las penas. Estos principios, junto con el control de constitucionalidad y la interpretación conforme a los derechos fundamentales, constituyen los pilares de un modelo de justicia garantista que se contrapone al autoritarismo punitivo.

Desde la perspectiva del derecho comparado, el Tribunal Constitucional español y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han advertido que el derecho penal no puede ser utilizado como herramienta de gestión política ni de control social indiscriminado. En la sentencia Baena Ricardo vs. Panamá (2001), la Corte IDH enfatizó que la protección judicial de los derechos no puede ceder ante exigencias coyunturales del poder. De igual modo, el Tribunal Constitucional dominicano, en diversas decisiones, ha reafirmado que los derechos fundamentales no son concesiones del Estado, sino límites infranqueables al ejercicio del poder punitivo.

El populismo penal no solo distorsiona el sistema jurídico, sino que también debilita la legitimidad democrática. Al exaltar el castigo como valor supremo, se promueve una cultura del enemigo, donde el infractor deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en un objeto de venganza social. Este enfoque, contrario al constitucionalismo moderno, fragmenta el pacto social y reproduce desigualdades estructurales, ya que el derecho penal se aplica con rigor selectivo sobre los sectores más vulnerables.

El desafío actual consiste en reafirmar la primacía de la Constitución como norma de cierre del sistema punitivo. Ello implica fortalecer la independencia judicial, garantizar la formación constitucional de los operadores del sistema penal y promover políticas criminales basadas en la evidencia y no en la emoción. La educación jurídica debe incorporar una visión humanista del derecho, recordando que el respeto a las garantías no protege al delincuente, sino a la sociedad misma frente a los excesos del poder.

En definitiva, el garantismo constitucional no es una concesión teórica, sino una exigencia democrática. Representa la conciencia jurídica del Estado de derecho frente al autoritarismo penal y al oportunismo político. Defender las garantías procesales y los derechos fundamentales no es debilidad, sino civilización. En tiempos donde el populismo penal pretende reducir la justicia a un espectáculo, el garantismo se erige como el último baluarte de la razón constitucional frente a la pasión punitiva.