El Consejo nacional de la Magistratura y el caso del exjuez Peñaló Ozuna

Por: Rafael A. Escotto

En la reciente elección de jueces por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se originó lo que se considera un intercambio natural de opiniones sobre aspectos que tienen que ver con reglamento, lo cual no resulta extraño en este tipo de procesos. Vamos, pues, a proceder a analizar el caso del exjuez de la Cámara Penal de la Corte Apelación de San Cristóbal César René Peñaló Ozuna, dando un enfoque lo más neutral que podamos sobre el tema de la elección de los jueces para una mejor comprensión de este proceso. Olvidémonos de si fue juez o no del Tribunal Superior Electoral, es harina de otro costal.

El caso del exjuez César René Peñaló Ozuna, quien se avino, consciente y voluntariamente, a ser evaluado por este órgano constitucional en su interés de ser seleccionado como aspirante a juez del Tribunal Superior Electoral (TSE). Debe ser parte fundamental de este sistema valorar a los postulantes haciendo una búsqueda de las capacidades tanto intelectuales, jurídicas y éticas de los aspirantes, sobre todo de aquellos que hayan ocupado cargos anteriormente en la judicatura, con el propósito de conocer sus suficiencias y fragilidades durante su vida como magistrados.

Lo que más nos sedujo a escribir sobre este caso en particular fue la insistencia del exjuez César René Peñaló Ozuna de que el Consejo se enfocara en su historial como magistrado durante su paso por la Cámara Penal de la Corte Apelación de San Cristóbal (CPCA), en específico su capacidad de juicio reflejado en sus fallos que han logrado sentar precedente y son tenidos —según el exjuez— por los profesionales del Derecho como material de estudio.

El Consejo Nacional de la Magistratura se estableció por primera vez en la República Dominicana en la reforma constitucional de 1994, tras la crisis político-electoral de ese año. Cabe hacer notar que varios de los evaluadores no son profesionales del Derecho, son políticos, y eso es un absurdo porque no son expertos en ese asunto y también contaminan ese poder del estado que es la Justicia con la política, lo que puede ser catalogado como incomprensible si se requiere una justicia independiente.

Durante la tercera sesión de evaluación de Peñaló Ozuna en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional surgió una discusión entre el presidente del Consejo, el presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona, y el exmagistrado, por un asunto más de reglamento que de cualquier otra naturaleza. Se trataba del uso excesivo del tiempo para exponer. Lo interesante de esta discusión fue que ninguna de las partes trató de avasallar a la otra, lo cual debe ser apreciado y destacado en este artículo. Sin embargo, tenemos que aceptar que el orden establecido debe respetarse en beneficio de evitar la anarquía.

Alguien me preguntó por qué el señor Peñaló Ozuna hizo tanto hincapié en el reconocimiento de su trabajo como exjuez del CPCA, sobre todo que valoraran sus decisiones, las cuales han podido crear, según el exjuez, precedentes y criterios interpretativos para la correcta aplicación del derecho. Pienso que su exigencia fue válida y razonable, como también fue válida por el Consejo mantener la disciplina durante las evaluaciones.

in embargo, en esta clase de eventos cuando una persona se muestra reiterativo o excesivo en su demanda el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, de familia judía de origen ruso y nacido en Nueva York, plantea en su famosa «Pirámide» que ciertas personas sienten la necesidad de reconocimiento. De acuerdo con Maslow esta necesidad se refiere a la estima que siente uno mismo a ser validado por otros.

Cuando el Consejo intentó retomar la disciplina, el exmagistrado se expresó más o menos en estos términos: «Yo no traigo nada nuevo; cuando participé, por esa contrariedad que tiene este Consejo, no se me agradeció la jurisprudencia que dejé en el TSE». Sin ánimo de crítica mal intencionada, llamamos la atención sobre la deficiencia evidente de evaluadores profesionales del Derecho, a no ser que se recurra a la opinión del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que no tiene la misma facultad ni la misma independencia de criterio de la American Bar Association de Estados Unidos.

Esta falta no es un problema de los mandatarios que crearon en 1994 el Consejo, sino del sistema político imperante que tiende a autoprotegese de un poder judicial sujeto a las injerencias de otros poderes del Estado.

El excomisionado de la Seguridad y Formación Académica y doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, España, y profesor titular de la Universidad de Oporto, Portugal, Amadeu Recasens, aconseja en su obra «Poder judicial y sistema de justicia», página 584, respecto a la separación de poderes, es decir, independencia judicial: «En el ejercicio de su potestad jurisdiccional no deben estar vinculados a orden alguna y sus decisiones solo deben poder ser revisadas por otros jueces o tribunales y ello en el estricto marco de las vías de recurso legalmente previstas».

Debemos destacar sobre el carácter singular de la rama judicial de Estados Unidos que es su independencia de gobierno con respecto de los poderes políticos, a través de la Conferencia Judicial de los Estados Unidos, que traza la política nacional del poder judicial federal amparada en la Ley 28 U.S. Code § 331.

La respuesta del exmagistrado sucede cuando el evaluado se siente agobiado por la carga de estrés que le produce la deficiencia técnica observada anteriormente y cree que tiene que recurrir a un mecanismo que lo lleve a lograr lo que anhela, en este caso, ser juez del Tribunal Superior Electoral, lo cual es una pretensión razonable por lo que ella significa, en lo personal, para cualquier profesional del Derecho que viva en una sociedad organizada en la que se respeten las calidades, tales como la ética y la intelectualidad jurídica.

Por el hecho del exmagistrado de la CPCA, César René Peñaló Ozuna, haber insistido advertir al Consejo que valorara sus juicios y que se tomara en cuenta su intelectualidad jurídica, su ética y la independencia de criterio en todas sus resoluciones, no debilitaba, en modo alguno, su exposición. Por el contrario, reforzaba su planteamiento evitando que las ideas políticas fueran las que preponderaran finalmente, como se trató de decir que sucedió en tiempo de Leonel Fernández Reyna y de Danilo Medina Sánchez, cuando les tocó presidir a ambos el Consejo Nacional de la Magistratura.

A pesar de que el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Luis Abinader Corona, mostró ecuanimidad y moderación, inclusive cuando le pidió rigurosidad al exjuez Peñaló Ozuna en el cumplimiento del tiempo establecido para su exposición, no hubo razón ni motivo para que desde los partidos políticos de oposición surgieran voces tratando de insinuar maliciosamente que el presidente posiblemente estaba tratando de nombrar jueces que le aseguran lealtad después de dejar el poder.

En los Estados Unidos el presidente es libre de nominar a cualquier persona para el banquillo federal, pero generalmente consulta con la American Bar Association (Asociación Americana de Abogados) cuyo Comité Permanente del Poder Judicial Federal califica a cada nominado como «bien calificado», «calificado» o «no calificado». En el caso dominicano, en cuanto a la crítica que le ha querido hacer la oposición al presidente Luis Abinader de supuestamente pretender protegerse con jueces que le sean leales, concluyo sugiriéndole a mis lectores visitar el Evangelio según san Juan, capitulo 8, versículo 1 al 11 que dice: «El que esté libre de pecado que tire la primera piedra».