El Estado que olvidó a sus mártires:

Por: Giovanni Matos._

Cada 4 de julio, la República Dominicana debería detener el ruido de la política, el bullicio de la burocracia y la frivolidad de los discursos para inclinar la cabeza ante la memoria de quienes murieron por la libertad nacional. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario: el Estado dominicano parece haber condenado al olvido una de sus propias disposiciones legales. En 1889, el Congreso Nacional aprobó una resolución declarando el 4 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a los mártires de la Restauración y, de manera especial, a Francisco del Rosario Sánchez y sus compañeros, fusilados el 4 de julio de 1861 por órdenes del régimen anexionista de Pedro Santana. Resulta paradójico que la ley exista, pero que quienes están llamados a cumplirla actúen como si jamás hubiera sido aprobada.

El problema no es únicamente el olvido de una fecha histórica; el problema es la peligrosa indiferencia de una clase dirigente que con frecuencia desconoce la historia que juró defender. Cada año transcurre este día sin que la mayoría de las instituciones del Estado convoquen actos oficiales con la solemnidad que merece una jornada de duelo nacional. Ministerios, direcciones generales, alcaldías y otras dependencias públicas continúan sus actividades habituales como si la sangre derramada por los héroes restauradores no hubiera permitido la existencia misma de la República. Como advertía Cicerón, «un pueblo que ignora su pasado difícilmente construirá un futuro digno». Y el viejo refrán lo resume con sencillez: «Nadie cuida lo que no conoce».

Más preocupante aún es que muchos funcionarios públicos parecen conocer mejor los calendarios internacionales que las efemérides patrias dominicanas. Se organizan ceremonias para conmemorar acontecimientos extranjeros, mientras fechas esenciales de nuestra historia pasan inadvertidas. Esa conducta revela una alarmante pobreza de cultura histórica dentro de sectores de la administración pública. Quien desconoce los sacrificios sobre los cuales se edificó la nación difícilmente comprenderá el verdadero significado del servicio público. La memoria histórica no puede depender exclusivamente de historiadores o ciudadanos comprometidos; constituye una obligación permanente del Estado. Como afirmó Jorge Santayana, «quien olvida su historia está condenado a repetirla».

El sacrificio de Sánchez y de sus compañeros no fue un episodio aislado. Aquellos patriotas comprendieron que la independencia conquistada en 1844 no podía entregarse sin resistencia y prefirieron enfrentar el pelotón de fusilamiento antes que aceptar la desaparición de la República Dominicana como nación soberana. Su muerte sembró la semilla moral que dos años más tarde florecería en la Guerra de la Restauración, una de las gestas más gloriosas de nuestra historia. Honrar su memoria no es un acto protocolar ni una simple ceremonia oficial; es un deber legal, moral y patriótico que fortalece la identidad nacional y el respeto por quienes hicieron posible la existencia de la República.

Los pueblos no desaparecen únicamente cuando son invadidos por ejércitos extranjeros; también comienzan a extinguirse cuando sus gobernantes permiten que el olvido sustituya la memoria. La peor traición a los héroes no consiste en derribar sus estatuas, sino en condenarlos a la indiferencia oficial. Hoy, cuando el calendario marca un nuevo 4 de julio, conviene preguntarse cuántos funcionarios conocen la resolución del Congreso de 1889 y cuántos han cumplido con el deber de honrarla. Mientras el propio Estado ignore una ley que protege la memoria de sus mártires, seguirá teniendo una deuda con la historia dominicana. Porque la patria no solo se defiende con armas; también se protege con memoria, educación y respeto a las leyes.