Finjus expresa preocupación por deficiencias en el sistema de justicia penal.

Santo Domingo. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha manifestado su profunda preocupación ante recientes casos que, según su criterio, ponen de manifiesto serias deficiencias en el sistema de justicia penal de la República Dominicana. Estas situaciones comprometen derechos fundamentales que están protegidos por la Constitución.

Casos alarmantes

En una nota de prensa emitida este martes, Finjus destacó el caso de un hombre que estuvo casi 20 años en prisión preventiva, desde 2006 hasta 2026, sin haber recibido una sentencia definitiva. Su liberación fue posible gracias a la intervención de la Defensoría Pública.

Además, la entidad mencionó el caso de 13 personas que permanecieron detenidas durante más de un mes sin ser presentadas ante un juez. Estas personas lograron recuperar su libertad a través de una acción de hábeas corpus.

Garantías constitucionales en riesgo

Finjus considera que estos episodios reflejan la lentitud de los procesos judiciales, la falta de seguimiento a los expedientes y el peligro de que la prisión preventiva se convierta en una pena anticipada, lo que violaría las garantías constitucionales.

La organización sostiene que, aunque la seguridad ciudadana requiere respuestas firmes frente al delito, el ejercicio del poder punitivo del Estado debe mantenerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes. Es crucial respetar los principios de proporcionalidad, dignidad humana y debido proceso.

La libertad como regla

Finjus reitera que la libertad debe ser la norma y que cualquier restricción a este derecho debe estar sujeta a controles estrictos. En este sentido, enfatiza que la detención en destacamentos policiales, la prisión preventiva y el cumplimiento de una condena son figuras jurídicas distintas que no deben recibir el mismo tratamiento.

Asimismo, recuerda que toda persona detenida conserva la presunción de inocencia y tiene derecho a que su situación sea revisada dentro de los plazos establecidos por la ley.

Llamado a las autoridades

Finjus hace un llamado a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a las autoridades penitenciarias para que se aseguren de que ninguna persona permanezca privada de libertad debido a ineficiencias, dilaciones o falta de coordinación institucional.

La entidad considera que este tipo de fallas afecta directamente al Estado de derecho y a las garantías fundamentales de las personas que están sometidas a procesos judiciales.