Fundación Derechos Humanos Global llama a garantizar que los recursos del Estado lleguen a los sectores más vulnerables

La Fundación Derechos Humanos Global reafirmó su compromiso de mantenerse firme y vigilante en defensa de los derechos de las personas más vulnerables de la República Dominicana, al considerar que los recursos del Estado deben estar destinados al bienestar de toda la población, especialmente de quienes más necesitan la protección y asistencia de las instituciones públicas.

La entidad recordó que, de conformidad con la Constitución y las leyes dominicanas, los recursos públicos deben administrarse con transparencia, responsabilidad y sentido de justicia social, garantizando que los beneficios de las políticas públicas lleguen a todos los sectores de la sociedad.

En ese sentido, señaló que entre los grupos que requieren atención prioritaria se encuentran los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, así como las personas enfermas que carecen de recursos para acceder a tratamientos médicos.

Asimismo, destacó la importancia de atender las necesidades de las comunidades rurales y urbanas marginadas, las mujeres jefas de hogar y aquellas que se encuentran en situaciones de riesgo, mediante programas y servicios que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

La Fundación sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación, el acceso al agua potable, la energía eléctrica y una vivienda digna, sin discriminación y con especial atención a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

«Los recursos del Estado son para el pueblo, no para perderse por inoperancia. Cuando no llegan a quienes más los necesitan, fallan a toda la nación», expresó Rebeca Henríquez, al insistir en la necesidad de fortalecer la vigilancia ciudadana sobre el uso y la distribución de los fondos públicos.

Finalmente, la organización manifestó que los recursos del Estado pertenecen a todos los dominicanos y no a unos pocos, por lo que consideró un deber de la sociedad civil exigir que, ante situaciones de inoperancia, corrupción o mala gestión, estos sean reorientados hacia su verdadero propósito: garantizar los derechos, la dignidad y el bienestar del pueblo dominicano.