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Gobierno aprueba Código de Ética para regular el uso de IA en el Estado


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Decreto fija controles, prohibiciones y supervisión para sistemas de IA

Santo Domingo. La inteligencia artificial ya no podrá incorporarse libremente en los servicios públicos sin pasar por controles previos. El Gobierno dominicano aprobó el decreto 787-26, que pone en vigor el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, una normativa que establece reglas obligatorias para el uso de sistemas algorítmicos en las instituciones estatales y fija límites expresos a prácticas consideradas riesgosas para los derechos ciudadanos.

La medida, impulsada por el presidente Luis Abinader a través de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), busca ordenar la incorporación de estas tecnologías bajo criterios de transparencia, inclusión, seguridad y respeto a los derechos fundamentales.

Uno de los elementos centrales de la nueva regulación es que todo sistema de inteligencia artificial catalogado como de alto impacto deberá someterse a una Evaluación de Impacto Ético y de Derechos antes de entrar en funcionamiento. Esta exigencia aplicará especialmente a herramientas capaces de influir en decisiones relacionadas con beneficios sociales, acceso a derechos o potestades sancionadoras del Estado.

El decreto también reconoce el derecho de los ciudadanos a conocer cuándo una decisión o trámite administrativo cuenta con apoyo de inteligencia artificial. Además, obliga a las instituciones a ofrecer explicaciones comprensibles y mecanismos que permitan la revisión humana de decisiones automatizadas.

La normativa incluye prohibiciones categóricas sobre determinadas aplicaciones tecnológicas. Entre ellas figuran la clasificación social generalizada de personas, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, el perfilamiento criminal predictivo sustentado en variables territoriales o socioeconómicas, la automatización de sentencias penales y el uso de armas autónomas.

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