Inversionista estadounidense deposita denuncia penal contra agentes estatales por actuaciones en Playa Encuentro

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RESUMEN
Santo Domingo. – La empresa Inversiones Calpe, S. R. L., representada por el inversionista estadounidense Lance B. Lundberg, depositó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público contra agentes policiales, militares y funcionarios públicos por presuntas actuaciones ilegales en terrenos de su propiedad ubicados en las inmediaciones de Playa Encuentro, Cabarete, provincia Puerto Plata.
La denuncia, presentada a través de los abogados Nassef Perdomo Cordero, Laura Acosta Lora y Luis Antonio Peláez Sterling, solicita investigar a miembros de la Policía Nacional, POLITUR, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), la Armada Dominicana y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio Público que habrían participado en operativos contrarios a decisiones judiciales.
Según la instancia, los hechos incluyen incursiones de agentes armados en propiedad privada, destrucción y sustracción de elementos utilizados para delimitar los terrenos, así como detenciones presuntamente arbitrarias de trabajadores y personal de seguridad.
Uno de los episodios denunciados ocurrió el 1 de octubre de 2026, cuando agentes policiales, algunos encapuchados, habrían penetrado de madrugada a la propiedad y retirado pilotillos de madera colocados para delimitarla.
Posteriormente, durante otro operativo, varios trabajadores fueron detenidos y uno de ellos, según la denuncia, recibió una descarga eléctrica mientras se encontraba sometido físicamente por agentes.
Dos de los detenidos fueron presentados ante la justicia bajo acusaciones formuladas por las autoridades actuantes. Sin embargo, mediante la resolución número 609-01-2026-SMED-00464, del 5 de octubre de 2026, un tribunal de Puerto Plata rechazó la solicitud de medida de coerción ordenó su libertad pura y simple.
La empresa sostiene que estas actuaciones se produjeron pese a la existencia de múltiples sentencias que reconocen sus derechos de propiedad, dictadas a lo largo de un conflicto judicial de aproximadamente 18 años.





