Jáquez Liranzo: “La Junta no se arrodilla ni para pedir matrimonio” tras JCE suspender veto a encuestas electorales.

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RESUMEN
Yirian Ventura
SANTO DOMINGO.-La frase del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, de que “la Junta no se arrodilla ni para pedir matrimonio” marcó su reacción ante la decisión del Pleno de suspender provisionalmente la prohibición de publicar encuestas electorales fuera de los períodos de precampaña y campaña. Jáquez Liranzo rechazó que el organismo haya cedido ante presiones en torno a la controversia y sostuvo que la decisión corresponde al Pleno de la institución.
“Ya es pleno de la Junta Central Electoral, tomó una decisión, que mal haría yo referir al fondo de la decisión”, respondió el presidente de la JCE al ser cuestionado sobre la determinación adoptada por el órgano electoral, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) declinara conocer el conflicto por considerar que se trata de un asunto de naturaleza constitucional. Al insistirle sobre su valoración personal, Jáquez Liranzo aclaró que no habla a título personal, sino “en nombre de la Junta Central Electoral y del Pleno”.
La JCE suspendió provisionalmente los efectos del artículo 13 y sus párrafos del reglamento que regula el registro de las empresas encuestadoras, disposición que impedía la publicación y difusión de estudios de preferencia electoral antes del inicio formal de los períodos de precampaña y campaña. La medida permanecerá vigente hasta que exista una decisión judicial definitiva, mientras el régimen que contemplaba sanciones para las encuestadoras que difundieran resultados fuera del período autorizado queda temporalmente detenido.
La decisión fue adoptada por una mayoría estrecha de tres votos contra dos y tiene su origen en las acciones judiciales promovidas contra la normativa que regulaba la difusión de encuestas con fines electorales. El Pleno de la JCE optó por suspender la disposición mientras los tribunales competentes determinan su validez definitiva, en una controversia que ahora vuelve a colocar al organismo electoral en el centro del debate sobre los límites para la divulgación de estudios de opinión.





