Ministerio Público atribuye 34 líneas de imputación a Jean Alain Rodríguez y sus compartes
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RESUMEN
SANTO DOMINGO.— El Ministerio Público presentó una acusación que contempla 34 líneas de imputación contra el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y sus compartes, en una investigación que, según el organismo, documenta una estructura criminal organizada orientada a la presunta depredación del patrimonio público, el lavado de activos y la instrumentalización de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con la síntesis divulgada por el Ministerio Público, las imputaciones abarcan más de RD$6,000 millones presuntamente sustraídos, además de señalar afectaciones a más de 27,000 privados de libertad y la utilización de más de 18,000 cuentas falsas en redes sociales.
Las acusaciones están agrupadas en seis grandes áreas: compras, contrataciones y fraude documental; sistema penitenciario y Plan de Humanización; propaganda, política y desvío institucional; bienes incautados, custodia y evidencias; tecnología, sabotaje y ocultamiento; y patrimonio, inmuebles y lavado de activos.
Entre las imputaciones figuran presuntas irregularidades en el Comité de Compras y Contrataciones, falsificación y manipulación digital de documentos, destrucción de archivos públicos, contrataciones fraudulentas y supuestos esquemas de sobornos relacionados con proveedores.
El documento también señala presuntas anomalías vinculadas al Plan de Humanización del sistema penitenciario, incluyendo supuesta captación de sobornos, lavado de activos, desvío de materiales de construcción y compras irregulares de bloqueadores de señal.
En el ámbito político, el Ministerio Público incluye acusaciones relacionadas con el supuesto uso de pasajes, hospedajes, recursos presupuestarios, nóminas e instalaciones públicas para fines personales y políticos. También menciona una presunta red de más de 18,000 cuentas falsas en redes sociales, utilizada para impulsar tendencias y atacar a periodistas y líderes de opinión.
La acusación contempla además presuntos fraudes en la disposición y tasación de bienes incautados, irregularidades en su custodia, desvío de evidencias y supuesto uso personal de inmuebles, vehículos y maquinarias decomisadas. Asimismo, se señalan presuntas manipulaciones de informes relacionados con antropología forense y compras en el Inacif.
En materia tecnológica, el Ministerio Público acusa supuestamente de sabotaje informático, borrado de bases de datos y destrucción de pruebas, incluyendo la eliminación de documentos que, según la investigación, habrían buscado dificultar o evadir la persecución.
Finalmente, las imputaciones incluyen presuntos fraudes inmobiliarios, adquisición y equipamiento fraudulento de propiedades, ocultamiento patrimonial, enriquecimiento ilícito y lavado de activos mediante sociedades fachada para, según el órgano acusador, legitimar recursos de origen ilícito.
El Ministerio Público sostiene que las 34 líneas de imputación forman parte de una investigación que busca establecer responsabilidades penales por hechos que, de acuerdo con su acusación, habrían afectado recursos públicos y comprometido el funcionamiento de instituciones estatales.
