Ningún médico forense ha acreditado condición de salud alegada por Santiago Hazim, afirma el Ministerio Público.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio Público informó que durante el conocimiento de la medida de coerción por corrupción administrativa contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy no fue acreditada ante el tribunal, por ningún médico forense, la supuesta condición de salud que el imputado alega para evadir la imposición de prisión preventiva.

De acuerdo con el órgano acusador, la defensa de Hazim Albainy ha invocado recientemente alegadas complicaciones médicas sin aportar evidencias periciales que sustenten dichas afirmaciones. “La condición de salud que alega Santiago Hazim no ha sido acreditada por ningún médico forense”, precisó el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El órgano persecutor destacó que testigos han establecido que, hasta el inicio del proceso judicial en su contra, el imputado acudía de manera cotidiana al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y desarrollaba su vida social con total normalidad. “El imputado y su defensa recurren ahora al tema de salud para evadir el proceso, pero los testigos confirman que se desempeñaba con normalidad tanto en sus funciones como en su vida privada”, señaló la acusación.

El Ministerio Público recordó que, conforme al procedimiento judicial, para que un tribunal valore una condición médica es necesario un informe emitido por un perito designado por el Ministerio Público o por el propio tribunal, situación que no ha ocurrido en este caso.

Hazim Albainy es señalado como cabecilla de una red de corrupción administrativa que habría sustraído más de 15 mil millones de pesos del Estado dominicano a través del SeNaSa. Durante la audiencia celebrada el pasado viernes, el Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso, mientras que el imputado alegó problemas de salud que su defensa difundió ante los medios de comunicación.

La acusación sostiene que la prisión preventiva es la medida más idónea para Hazim Albainy y otros imputados, entre ellos el consultor jurídico del SeNaSa, Germán Robles, quienes presuntamente recibieron más de dos mil millones de pesos en sobornos.

Entre los elementos que, según el Ministerio Público, evidencian la gravedad y complejidad del caso figuran la pluralidad de víctimas e imputados, el grave daño causado a la sociedad, la condición de funcionario público del principal imputado, la afectación al derecho fundamental a la salud, la falsificación y adulteración de documentos, la existencia de una estructura criminal organizada, la ocultación de bienes y las maniobras para obstaculizar la investigación.