Por qué el Consejo Nacional de la Magistratura debe emitir una Resolución formal y motivada

La República Dominicana adoptó, a partir de la Constitución de 2010 y de la promulgación de la Ley núm. 138-11, un modelo institucional que colocó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el centro del sistema de selección, evaluación y eventual separación de los más altos jueces del país. No se trata de un órgano administrativo cualquiera, sino de un órgano de jerarquía constitucional encargado de garantizar que quienes integren la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral respondan a los principios de independencia, idoneidad y responsabilidad que informan al Estado social y democrático de derecho. Precisamente por esa condición de órgano constitucional es que sus decisiones deben estar revestidas del máximo estándar de motivación.

En efecto, el artículo 35 de la Ley Orgánica del CNM es taxativo cuando ordena que, “cuando el Consejo Nacional de la Magistratura decidiere separar un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión, según las disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias que apliquen”. La disposición no deja márgenes discrecionales: impone un deber, no una simple recomendación. Ese deber de motivar constituye la manifestación concreta del principio de sujeción a la Constitución y a la ley consagrado en los artículos 6, 138 y 139 de la Constitución; y, a la vez, traduce en el ámbito de la organización judicial la garantía de tutela judicial efectiva y de debido proceso reconocida en los artículos 68 y 69 del texto fundamental.

Conviene recordar que la motivación no es un mero formalismo. Es la forma jurídica a través de la cual el Estado explica las razones que lo llevan a afectar la esfera jurídica de una persona o de un funcionario. Cuando el CNM decide no ratificar a un juez que venía desempeñando sus funciones con eficiencia, o cuando dispone su separación, está incidiendo de manera directa en la estabilidad de la función judicial y, por esa vía, en la garantía de independencia de los tribunales. Por ello, una decisión de esa naturaleza sin un relato fáctico claro, sin una imputación concreta o sin una valoración objetiva del desempeño, deviene en arbitraria, abre espacio a la sospecha de captura política del órgano y erosiona la confianza ciudadana en la justicia.

No debe perderse de vista que el constituyente de 2010 diseñó al CNM como un órgano plural, integrado por representantes de los poderes públicos y de la oposición política, precisamente para disipar la idea de control absoluto del Poder Ejecutivo sobre la judicatura. Ese diseño pluralista tiene un correlato: todas sus decisiones, y especialmente las que suponen una separación, deben ser colegiadas, deliberadas y exteriorizadas mediante un acto formal.

La resolución formal y motivada es, por tanto, el instrumento que materializa la deliberación y que permite verificar, a posteriori, si el órgano actuó dentro de los límites de su competencia y si respetó los criterios objetivos fijados por la Constitución, la ley o su propio reglamento interno.

Desde la perspectiva del Derecho Administrativo y del Derecho Constitucional, la motivación cumple tres funciones esenciales: i) función de control político-administrativo, porque hace posible que la ciudadanía, los medios y los propios órganos del Estado conozcan por qué se adoptó una medida; ii) función de control jurisdiccional, porque permite al juez constitucional o contencioso examinar la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad del acto; y iii) función de garantía del derecho de defensa, porque el afectado puede contradecir, aclarar o desvirtuar los motivos.

Si el CNM no emite una resolución motivada, anula en los hechos esas tres funciones y coloca su decisión en una zona de inmunidad que la Constitución dominicana no reconoce.

Debe destacarse, además, que el propio Tribunal Constitucional dominicano ha construido una línea jurisprudencial firme en torno al deber de motivación de los actos públicos, inclusive de los que provienen de órganos de jerarquía constitucional. El criterio es claro: la jerarquía del órgano no lo exime del deber de fundamentar; por el contrario, mientras más alto es el órgano, mayor es la exigencia de motivar, porque mayor es el interés público comprometido.

Un CNM que separa a tres jueces de la Suprema Corte de Justicia que cuentan con valoración positiva de la ciudadanía, sin una justificación precisa y comprobable, se expone a la invalidez constitucional de su decisión y a un serio desgaste de legitimidad institucional.

Para evitar ese escenario, el acto del CNM debe adoptar la forma de una “Resolución” o “Decisión” que contenga, al menos, los siguientes elementos: a) identificación del procedimiento seguido (evaluación ordinaria, revisión extraordinaria, informe disciplinario, etc.); b) referencia expresa a las normas constitucionales, legales o reglamentarias aplicadas; c) exposición de los hechos en que se sustenta la separación o la no confirmación; d) valoración de desempeño, si se trata de una evaluación; e) decisión propiamente dicha, indicando si fue adoptada por unanimidad o por mayoría; y f) firma de los miembros presentes.

Solo un acto con ese nivel de desarrollo permite reconstruir el camino lógico y jurídico que llevó al órgano a una determinación tan sensible.

La emisión de una resolución formal y motivada tiene también una dimensión política-institucional: blinda al Consejo frente a la acusación de que sus integrantes responden a coyunturas o a órdenes del Ejecutivo de turno. Cuando el país percibe que se remueve a magistrados bien valorados para “colocar a los míos”, el mensaje que se envía es que la justicia vuelve a ser un botín y que los equilibrios creados en 2010 se están debilitando.

Una motivación robusta, en cambio, permite distinguir entre una separación legítima fundada en insuficiencias funcionales, incompatibilidades o incumplimientos éticos, y una separación instrumental orientada a recomponer mayorías en los tribunales superiores.

En definitiva, el Consejo Nacional de la Magistratura no solo puede, sino que debe emitir una resolución formal y motivada cuando decide separar a un juez, porque así lo exige la Ley núm. 138-11, así lo ordena la Constitución en sus principios de juridicidad y debido proceso, y así lo reclama la salud democrática del sistema de justicia dominicano.

Allí donde la discrecionalidad no está razonada, comienza la arbitrariedad; y allí donde la arbitrariedad se instala, se debilita la independencia judicial. La mejor defensa institucional del propio CNM, especialmente tomando en cuenta que el Presidente de la República forma parte directa del Consejo y que el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo lo hace de manera indirecta, es la emisión de resoluciones claras, fundadas y verificables, que resistan el escrutinio público y constitucional.

Solo una motivación suficiente y jurídicamente sólida preserva la legitimidad del órgano y fortalece la confianza ciudadana en la independencia del sistema de justicia dominicano.