Por un nuevo modelo: Gobierno y ADP

Luis González Fabra

En nuestro país, como en cualquier otro del mundo, la educación es
fundamental para el desarrollo cultural, social y económico de la
nación. Precisamente por su importancia, no puede quedar
supeditada a los criterios gremiales de ninguna organización,
aunque esta defienda legítimamente los derechos laborales de sus
afiliados y abogue por mejoras en sus condiciones de trabajo.

Es indispensable que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y
el Ministerio de Educación encuentren un modelo de diálogo que
priorice la continuidad de la docencia, sin que esta sea amenazada
por paros o suspensiones. El ejercicio de los derechos sindicales no
debe, bajo ninguna circunstancia, traducirse en la paralización de la
enseñanza, ni por horas ni por días.

Cada interrupción en las clases afecta el aprendizaje de los estudiantes y alimenta la deserción
escolar. Los alumnos, que ya enfrentan dificultades en su proceso
formativo, se desmotivan cuando ven interrumpida su educación por
razones ajenas a su desarrollo académico.

Las interrupciones recurrentes golpean también a las familias, que
confían en que sus hijos recibirán una educación de calidad. Esta no
puede lograrse mientras los maestros no dediquen el ciento por
ciento de su tiempo al aula, dejando el activismo gremial para fuera
del horario escolar.

Es justo reconocer que los maestros tienen derecho a organizarse y a
reclamar mejores condiciones laborales y salariales. Su lucha es
legítima. Pero ese derecho debe equilibrarse con la responsabilidad
de garantizar el derecho fundamental de los estudiantes a la
educación, que debe estar siempre en primer plano.

Los dirigentes de la ADP conocen múltiples maneras de protestar y
reclamar sin interrumpir las clases. El proceso educativo es sagrado,
y su interrupción resulta inaceptable. En un país donde la educación
ya enfrenta problemas de recursos, deficiencia de infraestructura y
baja calidad docente, cada hora perdida representa un golpe
irreparable. Para los estudiantes de las escuelas públicas, estos
“apagones” educativos son especialmente duros, pues no tienen
acceso a alternativas privadas: la escuela pública es su única vía
para escapar de la pobreza y construir un futuro mejor.

La pregunta de fondo es clara: ¿dónde está el equilibrio entre los
derechos gremiales y el derecho de los niños a recibir clases? Un
paro magisterial impacta negativamente a la población más
vulnerable, lo que exige a la ADP un nivel de responsabilidad mayor
que el de cualquier otro sindicato.

Como sociedad debemos demandar un compromiso firme, tanto del
Ministerio de Educación como de la ADP, para garantizar el
cumplimiento del calendario escolar sin interrupciones. El objetivo
debe ser resolver los conflictos antes de que escalen, protegiendo
siempre el derecho a la educación.

Ha llegado el momento de que la ADP, junto a las autoridades
educativas, demuestre liderazgo y responsabilidad, encontrando vías
de lucha que no sacrifiquen el futuro de los estudiantes. La educación
es un bien común que debe ser protegido y promovido. De ella
depende la posibilidad de construir una sociedad más justa y un país
verdaderamente desarrollado.