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Presidente Nasry Asfura anuncia una nueva ley anticorrupción en Honduras


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El presidente de Honduras, Juan Nasry Asfura, ha dado un paso al frente al anunciar la elaboración de una nueva Ley de Transparencia y Anticorrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra prácticas ilícitas en las instituciones estatales.

La iniciativa será diseñada por la Procuraduría General de la República (PGR) yse integra como uno de los pilares de una estrategia integral para frenar la corrupción e impulsar la eficiencia administrativa, factores señalados de manera recurrente por organismos nacionales e internacionales como obstáculos al desarrollo y la confianza ciudadana.

En el Congreso Nacional se discute la eliminación de la Secretaría de Transparencia, con la finalidad de devolver a la PGR todas las funciones relacionadas con el combate a la corrupción y así centralizar y reforzar los mecanismos de control público.

El abogado Dagoberto Aspra, propuesto como nuevo procurador general, informó a los medios que se está preparando un paquete de reformas legales orientado a transferir estas competencias a la PGR y fortalecer su rol como referente en materia anticorrupción.

Aspra señaló: “Mediante un paquete de reformas legales estamos pidiendo que se devuelva a la procuraduría las funciones que tenía la Secretaría de Transparencia y poder liderar una estrategia anticorrupción”.

El debate institucional coincide con la necesidad de ajustar el marco normativo de las compras y contrataciones públicas. Aspra detalló que se revisará la Ley de Contratación del Estado y otras regulaciones fundamentales para prevenir y sancionar irregularidades en procesos de licitación y manejo de recursos.

El futuro titular de la PGR puntualizó: “Vamos a fortalecer también la Ley de Contratación del Estado, entre otras leyes, para que no se registren prácticas corruptas. Vamos a valorar las demandas y vamos a tratar de recuperar las finanzas del país”.

En paralelo a las reformas legales, Aspra comunicó la elaboración de un manual de procedimientos dirigido a los ministros de Estado, con el objetivo de regular los despidos de personal y evitar que errores administrativos deriven en gastos judiciales que sobrecarguen las finanzas públicas.

El propósito, explicó, es que la Política Nacional Anticorrupción sea gestionada y supervisada directamente por la PGR en coordinación con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

A la luz de estos cambios, cuatro de los cinco candidatos presidenciales firmaron un memorándum de entendimiento para impulsar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), lo que evidencia un consenso político sobre la necesidad de avanzar en la prevención y persecución de delitos de corrupción.

El compromiso con la CICIH fue retomado por el presidente Asfura, quien recordó que el 4 de septiembre de 2025 adquirió ante el CNA la responsabilidad de promover este mecanismo internacional, inspirado en la experiencia de la CICIG en Guatemala.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo explicó que la instalación de la CICIH dependerá de la consolidación previa de un marco legal robusto, así como de la coordinación efectiva entre las instituciones locales y los organismos internacionales.

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