Principio de legalidad vs Principio de juridicidad

El debate entre el “principio de legalidad” y el “principio de juridicidad” constituye uno de los temas más relevantes dentro del Derecho Público contemporáneo, especialmente en el marco del Estado social y democrático de Derecho. Aunque ambos conceptos comparten una raíz común en la idea de sujeción del poder a normas, su evolución doctrinal ha marcado un tránsito desde una visión estrictamente formal-legal hacia una comprensión sustantiva y constitucional de la juridicidad, entendida esta como la sumisión de toda actuación estatal no solo a la ley, sino al conjunto del ordenamiento jurídico, incluido el bloque de constitucionalidad y los principios generales del Derecho.

El principio de legalidad surge históricamente con el constitucionalismo liberal de los siglos XVIII y XIX, vinculado al propósito de limitar el poder absoluto de los monarcas. Se asienta en la idea de que la administración pública solo puede actuar en virtud de una norma legal expresa que autorice su actuación. En esa concepción clásica, “lo que no está expresamente permitido por la ley está prohibido”, lo que garantiza seguridad jurídica y previsibilidad en las actuaciones del poder público. De ahí que la legalidad, en su origen, sea un principio eminentemente formal y restrictivo, que encuentra su legitimidad en la ley como expresión de la voluntad general.

Sin embargo, el desarrollo del Estado Constitucional y el fortalecimiento del Derecho Administrativo contemporáneo transformaron este esquema. La ley, aunque sigue siendo fuente primaria del Derecho, dejó de ocupar el lugar exclusivo de referencia para el control de la actividad administrativa. De este modo, emergió el principio de juridicidad, entendido como la obligación de que toda actuación estatal se ajuste no solo a la ley, sino al conjunto del ordenamiento jurídico, en el que la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y los principios generales adquieren rango normativo superior. Este cambio implicó una ampliación del marco de control y de legitimidad del poder público.

La juridicidad, por tanto, expresa una evolución cualitativa: mientras la legalidad exige conformidad con la ley, la juridicidad demanda conformidad con el Derecho en su totalidad. Bajo este principio, la actuación de la Administración no se agota en la obediencia formal a una norma, sino que debe ser coherente con los valores y principios constitucionales que orientan la actuación del Estado, tales como la razonabilidad, la proporcionalidad, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales. De ahí que la juridicidad tenga una dimensión sustantiva y axiológica, más cercana a la justicia material que a la mera obediencia normativa.

En la doctrina iberoamericana, autores como Eduardo García de Enterría y Gabino Fraga señalaron que la legalidad, concebida en sentido estricto, resultaba insuficiente para controlar adecuadamente el poder administrativo, pues permitía que actuaciones formalmente legales fueran, sin embargo, contrarias al espíritu del Derecho. En ese contexto, la juridicidad se erige como el nuevo paradigma del control de la Administración, integrando el principio de constitucionalidad, la supremacía de los derechos fundamentales y la exigencia de motivación de los actos administrativos.

En la República Dominicana, la Constitución de 2010 consagra de forma expresa el principio de juridicidad en el artículo 138, al precisar que la Administración Pública está sujeta en su actuación a los “principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”. Esta cláusula no es meramente programática: delimita parámetros de validez y control para toda actividad administrativa, haciendo exigible que los actos y procedimientos no solo cuenten con habilitación legal formal, sino que respeten estándares de racionalidad, motivación suficiente, publicidad y transparencia. En diálogo con el artículo 139 —que atribuye a los tribunales el control de legalidad de la actuación administrativa—, el artículo 138 proyecta un control más amplio, de juridicidad, que incorpora constitucionalidad, principios y derechos fundamentales como criterios de evaluación de la actuación estatal.

Desde una perspectiva teórico‑política, el principio de juridicidad refuerza la idea de que el poder público no solo debe actuar conforme a la ley, sino también conforme a la justicia constitucional. Mientras el principio de legalidad opera como un límite estático, el de juridicidad actúa como un parámetro dinámico, en constante diálogo con la interpretación jurisprudencial y los valores constitucionales. Este tránsito refuerza el control judicial de la Administración, la responsabilidad patrimonial del Estado y el sometimiento de la discrecionalidad administrativa a la racionalidad y la proporcionalidad.

En síntesis, el principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica; el de juridicidad, la legitimidad constitucional. Ambos coexisten y se complementan: el primero evita la arbitrariedad, el segundo impide la injusticia. En el Estado constitucional contemporáneo, la juridicidad no sustituye a la legalidad, sino que la eleva a un plano superior, integrando la moral jurídica del sistema y consolidando un modelo de poder público sometido no solo a la ley, sino también a la Constitución, los derechos humanos y los principios que conforman la esencia del orden democrático.