Que la JCE incluya información de donantes de órganos en el chip de la nueva cedula

Fausto García.

“El hombre que oculta su pasado se niega a sí mismo.” – Fausto García.

A sabiendas del gran comercio mundial que existe sobre órganos y tejidos para trasplantes y otros fines, es de gran importancia que varios países hayan legislado para autorizar y ordenar la donación de estos. En nuestro país se dictó la Ley 329-98, que rige la materia y que derogó las del 1981 y 1988 sobre el tema. La misma creó el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, (INCORT), y el Consejo Nacional de Trasplante (CNT).

Actualmente en nuestro país la JCE se avoca a renovar las cédulas de identidad y electoral (promedio 8 millones), la cual contendrá, según la misma junta, o será un documento dotado de las más altas y finas tecnologías. Según este órgano, para octubre de este 2005 se iniciará dicho proceso. En tal sentido y vista la importancia de la ley que comentamos, lo mismo que su vigencia y aplicación, y por igual, la realidad de tan pocos trasplantes realizados (por ejemplo, 1502, de riñones, en más de 50 años), así como la necesidad de crear educación y conciencia en la población, y finalmente, viabilizar su aplicación, con el consentimiento expreso del donante, se hace necesario que la JCE aproveche el proceso de renovación para insertar en el chip de la nueva cédula, la información del donante de órganos.

Las necesidades reales (motivaciones) que dieron origen a la actual ley, mantienen toda su vigencia y hoy a la luz de los hechos, la poca educación sobre el tema, y los resultados logrados, así como la demanda existente de órganos, vale la pena insistir sobre el tema.  Al respecto aprovecho para transcribir lo expuesto en el periódico Diario Libre, edición del 16 de febrero del 2017, bajo el título: Modificación a la Ley 329-98 sobre donación de órganos:

 “Revisando nuestra Ley 329-98, sobre todo en la parte que se refiere a la donación de órganos y tejidos provenientes de personas fallecidas, podemos verificar que existe un verdadero valladar que confirma y prácticamente imposibilita la obtención de órganos trasplantables, ya que nuestra ley en su artículo 13, específicamente en su párrafo a), dispone lo siguiente: “Artículo 13.- La extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos podrá realizarse con fines terapéuticos o científicos, en el caso de que éstos no hubieran dejado constancia expresa de su oposición: “a) Cuando el disponente originario no haya dejado constancia de su oposición en vida, para que después de su muerte se realice la extracción u otras piezas anatómicas del propio cuerpo, se realizará siempre consulta a los disponentes secundarios (según definición del Artículo 3) la cual deberá ser certificada por escrito.”

Conforme a ese párrafo a) copiado precedentemente, en el artículo 3 de nuestra ley, se define como “DISPONENTES SECUNDARIOS”: Es el cónyuge el/la conviviente, los ascendientes, descendientes y los parientes hasta el cuarto grado del disponente originario, y a falta de los anteriores, la autoridad sanitaria correspondiente,” De manera, que la donación de un órgano de un difunto o fallecido resulta sumamente engorrosa en nuestro país, habida cuenta de la falta de cultura de donación de órganos que existe, aupada sobre todo por creencias de arraigo popular; entre ellas, de tipo mágico religioso, sincretismo popular, etc., que vienen arrastrándose al través de nuestra historia como nación, donde inciden múltiples factores que no se necesitan explicar en este momento.

Debido a esa impronta nuestro legislador quizás no tomó en cuenta la dificultad que se crearía y que impediría un mayor flujo en las donaciones de órganos. Hoy la lista de espera que existen en nuestros centros hospitalarios que se ocupan del trasplante de órganos se amplía notablemente debido a la escasez de donación de órganos de cadáveres, lo que ocasiona que los gastos de que dispone el Ministerio de Salud Pública, año tras años, van en constante crecimiento, convirtiéndose en pesada carga para el Estado Dominicano.”

El autor del artículo plantea que esta realidad podría cambiar “si adoptamos la última legislación (No.1805) sobre trasplante de órganos promulgada recientemente en el hermano país de Colombia, mediante la cual se amplía la presunción legal de donación, sobre todo, en lo que respecta a los órganos de personas fallecidas.” Yo termino diciendo que, si la JCE inserta en el chip tal información, lo que implica un consentimiento expreso, solo faltaría, como dice el autor, “esperar que algún legislador nuestro se conmueva, y lleve al Congreso esta adopción legal.” faustogarcia2003@yahoo.com