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Sectores oscuros en Montecristi estarían detrás de campaña para empañar gestión de Maito Sabala en Medio Ambiente por sus aspiraciones a diputado en 2028

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RESUMEN
Resumen generado con IA ·
MONTECRISTI. – Sectores con intereses particulares estarían promoviendo una campaña contra Maito Sabala, director provincial de Medio Ambiente, con el supuesto propósito de empañar su gestión y afectar su imagen pública ante sus aspiraciones a diputado por la provincia de Montecristi para las elecciones del 2028.
Personas cercanas al funcionario consideran que estos ataques buscan frenar su crecimiento político y desacreditar una gestión que sus seguidores califican de honesta, responsable y transparente. Asimismo, aseguran que Sabala no se dejará doblegar por presiones, prebendas ni malas intenciones, aunque hasta el momento no se ha demostrado quiénes estarían detrás de esta presunta campaña.
Según las informaciones ofrecidas, para estos ataques se estarían utilizando comunicadores de fuera de la provincia y videos presuntamente antiguos, con imágenes que no corresponderían a la realidad actual de Montecristi. Se destaca que las actividades cuestionadas se encuentran paralizadas y que únicamente continúan labores de extracción de arena que, según las versiones suministradas, cuentan con los permisos
correspondientes.
Una de las principales dudas surge por la aparición de una retroexcavadora en uno de los videos difundidos, equipo que, según personas conocedoras del área, no estaría operando en la provincia, lo que hace presumir que las imágenes podrían pertenecer a otra localidad o fecha.
A esta publicación se anexan imágenes que muestran las condiciones actuales del río, con el propósito de contrastarlas con los videos difundidos y permitir que la población compare la situación presente con las denuncias realizadas. Estas fotografías son presentadas por los defensores de Sabala como evidencia de que las publicaciones cuestionadas no reflejarían la realidad actual del lugar.
Resulta lamentable, según los defensores de Sabala, que se pretenda utilizar la comunicación para promover intereses particulares y afectar la reputación de un funcionario sin presentar pruebas verificables.
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