Tribunal desglosa expediente de dos imputados en caso Calamar y aplaza juicio para el 18 de noviembre

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso el desglose del expediente respecto a los procesados Santiago Roberto Moquete Ortiz y el excontralor general Daniel Omar Caamaño Santana, dentro del juicio penal por presunta corrupción administrativa que se sigue contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y otros acusados.

La separación de ambos imputados fue ordenada tras acoger una solicitud del Ministerio Público motivada por razones de salud de los procesados, con el objetivo de evitar interrupciones y avanzar en el conocimiento del juicio de fondo. Esta medida se suma al desglose dispuesto el pasado mes de octubre respecto al también imputado Rafael Porfirio Calderón Martínez.

Inmediatamente después de que el tribunal dictara la separación, los abogados Yahaira Brito Evangelista y Ramón David, representantes legales de Santiago Roberto Moquete Ortiz, presentaron una recusación contra las juezas integrantes del colegiado, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez.

Ante la acción, el tribunal llamó la atención a la defensa, calificó la recusación como una táctica dilatoria y le invocó el artículo 135 del Código Procesal Penal, relativo al principio de lealtad procesal y a las sanciones aplicables por el abuso de las facultades procesales. Acto seguido, las magistradas remitieron el incidente a la Corte de Apelación y la jueza presidenta, Arlin Ventura, fijó la continuación de la audiencia para el próximo miércoles 18 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.

El incidente se produjo minutos después de que el mismo tribunal comunicara que la Corte de Apelación había rechazado una recusación anterior interpuesta la semana pasada contra las magistradas Martínez Noboa y Rodríguez por la defensa de Juan Tomás Polanco, ratificando así la competencia del colegiado para conocer el proceso.

A su salida de la sala de audiencias, el fiscal litigante Melbin Romero Suazo, quien integra el equipo del Ministerio Público junto a Rosa Ysabel, Miguel Crucey y Jhensy Víctor, calificó la actuación de los abogados como un acto de deslealtad procesal. El representante del órgano acusador señaló que la recusación se produjo precisamente tras haberse acogido por razones humanitarias la separación de su defendido, y valoró de forma positiva la advertencia de eventuales sanciones emitida por las juezas.

Antecedentes de la acusación

El proceso judicial se deriva de la Operación Calamar, ejecutada en 2023, cuya acusación formal fue presentada por el Ministerio Público en septiembre pasado. El órgano persecutor atribuye al exministro Donald Guerrero Ortiz y a los demás encartados haber integrado una estructura que defraudó al Estado dominicano por un monto superior a los 19,000 millones de pesos.

De acuerdo con el expediente acusatorio, los fondos públicos fueron desviados mediante maniobras vinculadas a pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y el presunto uso de sobornos destinados al financiamiento de la campaña electoral de 2020.