Tribunal rechaza extinguir proceso contra Jean Alain y ordena iniciar lectura de acusación.
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RESUMEN
Santo Domingo.— Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazaron este lunes la solicitud de la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, para declarar extinguida la acción penal en su contra por el caso Medusa.
El tribunal, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las magistradas Yissell Nivar y Clara Castillo, ordenó además al Ministerio Público dar inicio a la lectura de la acusación presentada contra Rodríguez y los demás imputados en el proceso.
La decisión fue adoptada luego de que las magistradas realizaran un recuento de las diferentes etapas por las que ha atravesado el expediente judicial.
La defensa del exprocurador, encabezada por el abogado Carlos Balcácer, había solicitado la extinción de la acción penal bajo el argumento de que el proceso supera los cinco años en los tribunales, excediendo el plazo máximo de cuatro años establecido por el Código Procesal Penal.
En oposición, los representantes del Ministerio Público pidieron rechazar el planteamiento, alegando que las demoras registradas durante el proceso han sido provocadas, en parte, por actuaciones promovidas por los abogados de los imputados.
El pasado miércoles, el tribunal había aplazado para este lunes la decisión sobre la solicitud de extinción.
El caso Medusa
El proceso judicial se remonta a 2021, cuando el Ministerio Público inició las investigaciones que dieron origen al expediente conocido como caso Medusa.
El 13 de julio de 2021, un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso las primeras medidas de coerción contra varios de los implicados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusa a Jean Alain Rodríguez y a otros imputados de cometer presuntos actos de corrupción durante el período en que este estuvo al frente de la Procuraduría General de la República, entre 2016 y 2020.
Entre las acusaciones figuran presuntos fraudes relacionados con el Comité de Compras y Contrataciones de la PGR, sobornos, lavado de activos y un supuesto desfalco superior a RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano.
