El sistema de salud dominicano arrastra un vacío de estadísticas imperdonable.

Carece de un registro fiable y unificado de las personas que padecen enfermedades crónicas y trastornos del neurodesarrollo.

Esta deficiencia, que no es nueva, se vuelve particularmente grave cuando afecta a los más vulnerables, los niños y adolescentes con trastorno del espectro autista (TEA).

Las cifras disponibles son un mosaico de contradicciones.

Cada institución maneja su propio conteo, y el resultado es un desconcierto estadístico que impide dimensionar la magnitud real del problema.

La Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía estima que unos 36,500 menores podrían vivir con esta condición —entre diagnosticados y no identificados.

El autismo no es un caso aislado. Otras enfermedades padecen el mismo ostracismo epidemiológico, lo que convierte al país en un navegante a ciegas.

Y sin datos fehacientes, no hay prevención posible, no hay asignación eficiente de recursos ni diseño de políticas públicas acertadas.

Hace tres años se promulgó la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con TEA, y sus reglamentos fueron aprobados.

No obstante, la Mesa de Diálogo por el Autismo ha denunciado con crudeza que el Estado no ha destinado los fondos necesarios a las instituciones encargadas, por lo que la norma sigue siendo una promesa incumplida.

Es imperativo, pues, que el gobierno asuma con urgencia estas dos tareas inaplazables:

Establecer un registro único y actualizado de personas con TEA y otras enfermedades.

Y de manera simultánea, dotar de presupuesto real a la Ley 34-23 para que pase del discurso a la acción.