A respetar la declaración jurada

El ejercicio del poder basado en principios éticos y valores morales garantiza una gestión pública transparente, cuyo proceso incide en la conducción del Estado con responsabilidad, honestidad y la excelencia, de ese modo se construye un sistema político sustentado en la democracia.

Corresponde, por consiguiente, a quienes asumen funciones públicas sujetar su accionar en prácticas diáfanas, en virtud de ello, no  pueden ocultar  nada y ofrecer a la ciudadanía  todas las  informaciones sobre sus transacciones económicas, financieras y de sus actos públicos y privados, porque su misión es asegurar una gobernanza pulcra y democrática.

Desde las instancias de los poderes Ejecutivo, Congresual, Judicial y Muni­cipal, es un deber edificar una cultura ético-moral, a través de la cual se manejen los recursos del erario con claridad, para  devolver a la población  en obras y servicios cada centavo que ingresa al fisco,  por concepto de  pago de impuestos y los aportes que se formulan a la economía, la producción y al Producto Interno Bruto (PIB).

Es por esto, en el contexto de un procedimiento jurídico amparado en la Cons­titución de la República, que se redactó y elaboró la Ley de la Declaración Jurada de Bienes, la cual debe ser acatada y respetada por todos los servidores públicos, en la medida en que es un código para combatir con eficacia la corrupción; sin embargo, la mayoría de funcionarios, tanto de las áreas administrativas como los electos en elecciones democráticas, se resisten a cumplir con este reglamento y con esa actitud socavan el sistema democrático.

Hay que rendir cuentas al pueblo y nadie puede colocarse por encima de la ley, por tanto, las instituciones encargadas de aplicarla deben proceder y sancionar a quienes desconocen la dimensión y el propósito del mandato constitucional sobre la rendición de cuentas, porque no es posible ser transparente si se ocultan informaciones.

Frente a esta situación, La Información observa con preocupación la reacción ­absurda de senadores y diputados, quienes se rebelan  contra el código ético- legal y  acusan a la Cámara de Cuentas de excederse en su labor, porque requiere todos los informes de su estatus socioeconómico.

Que se auditen, pues, a todos los funcionarios y que se aplique con rigurosidad todo el peso de la ley a los rebeldes, sin importar su jerarquía y solvencia económica, porque la transparencia es clave para erradicar las operaciones dolosas, en la consecución de afianzar la democracia en República Dominicana.