Carta de Raquel Arbaje y sus hijas sobre aborto y respuesta de Pacheco elevan tema a un alto perfil nacional e internacional.
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RESUMEN
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La respuesta de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, a la carta enviada por la Primera Dama Raquel Arbaje y sus hijas sobre la continua penalización del aborto en el Código Penal en todas las circunstancias, incluyendo las tres excepciones (cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el embarazo es resultado de violación o incesto, o cuando el feto presenta condiciones graves incompatibles con la vida), tiene implicaciones significativas.
La respuesta de Pacheco, que expresó su incomodidad con el tono y la forma de la carta de la Primera Dama, puso de manifiesto una división en el ámbito político, en particular dentro del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Sus comentarios, como “Merecíamos que nos lo dijeran de otra manera” y su defensa de los esfuerzos legislativos para apoyar al presidente Luis Abinader, sugieren una postura defensiva que podría tensar las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo, así como dentro del propio PRM.
Las críticas públicas de la Primera Dama y sus hijas, estrechamente vinculadas al presidente Abinader, intensifican la visibilidad del debate sobre el aborto, visibilizando las controvertidas disposiciones del Código Penal y potencialmente movilizando la opinión pública, especialmente entre las defensoras de los derechos de las mujeres.
La postura pública de la Primera Dama contra la prohibición total del aborto en el Código Penal se alinea con los esfuerzos que desde hace décadas llevan realizando organizaciones feministas y activistas por los derechos de las mujeres en la República Dominicana para despenalizar el aborto en al menos las tres causales.
Este apoyo de alto perfil podría dinamizar las protestas y la defensa de los derechos de las mujeres, como se vio en manifestaciones anteriores frente al Palacio Nacional y el Congreso.
La visibilidad del tema, intensificada por la carta de la Primera Dama, podría aumentar la presión sobre los legisladores para que reconsideren el Código Penal, especialmente dado el escrutinio internacional y nacional de las leyes de aborto de la República Dominicana.
La prohibición total del aborto en la República Dominicana ha sido criticada durante mucho tiempo por organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, las Naciones Unidas y el Centro de Derechos Reproductivos, por violar el derecho de las mujeres a la vida, la salud y la no discriminación. El desacuerdo público entre Pacheco y la Primera Dama podría atraer aún más la atención mundial sobre el tema, lo que podría aumentar la presión externa para una reforma.
La prohibición total del aborto en República Dominicana, ratificada en el Código Penal aprobado por el Senado en junio de 2024 y en debate en 2025, continúa poniendo en peligro la vida de las mujeres.
Los abortos inseguros son una de las principales causas de mortalidad materna, con estimaciones de 90,000 abortos clandestinos al año, siendo el aborto la tercera causa principal de muerte materna. La falta de acceso legal a servicios de aborto seguro, incluso en casos que ponen en peligro la vida, obliga a las mujeres a buscar alternativas peligrosas, lo que provoca complicaciones como sepsis o perforación uterina.
El caso de Rosaura Almonte Hernández (“Esperancita”), quien falleció en 2012 tras negársele quimioterapia debido a su embarazo, ilustra las graves consecuencias de la prohibición.
La defensa que hace Pacheco del Código Penal sin abordar estas excepciones perpetúa un marco legal que prioriza la protección del feto sobre la vida de las mujeres.
La criminalización del aborto en el Código Penal, con penas de hasta dos años para las mujeres y de 5 a 20 años para los profesionales de la salud, genera un clima de temor.
Las mujeres evitan buscar atención médica por complicaciones derivadas de abortos espontáneos o clandestinos debido al riesgo de ser procesadas, y los profesionales de la salud se ven limitados a ofrecer atención vital.
Las disposiciones adicionales del Código Penal, como la reducción de las penas por violencia sexual dentro del matrimonio y la exclusión de la orientación sexual de las protecciones contra la discriminación, exacerban las preocupaciones sobre la discriminación de género y la falta de protección para los grupos marginados, incluida la comunidad LGBTQ+.
La respuesta de Pacheco, que presentó la iniciativa legislativa como una defensa de los logros democráticos y la lealtad partidista, corre el riesgo de profundizar las divisiones dentro del PRM y entre el gobierno y la sociedad civil.
La carta de la Primera Dama, respaldada por la defensa previa del presidente Abinader de las tres excepciones, sugiere una divergencia entre la postura del ejecutivo y el enfoque conservador del legislativo, lo que podría debilitar la cohesión del gobierno.
