Colegio de Abogado inicia campaña de divulgación y análisis del nuevo código penal para corregir «sombras y fallas».

SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presidido por el jurista Trajano Vidal Potentini, ha anunciado el lanzamiento de una campaña de divulgación y análisis del nuevo Código Penal, que busca identificar y enmendar las “sombras” y “fallas” que, a su juicio, presenta la legislación. La iniciativa surge a raíz de la entrada en vigor diferida de un año (vacatio legis) que tiene el código, lo que, según Potentini, ofrece una oportunidad para “reconsiderar” y “remediar” sus aspectos más problemáticos antes de su aplicación efectiva en agosto de 2026.

Según el gremio de abogados, es necesario que todos los dominicanos, en especial los juristas, conozcan el contenido y el alcance de este nuevo código. Para lograrlo, el CARD está distribuyendo una versión digital e interactiva de la ley, enriquecida con notas doctrinales del propio Potentini y del jurista Francisco Antonio Manzano Rodríguez. El material se está entregando de forma gratuita a abogados y al público en general, con un enfoque particular en los medios de comunicación.

La campaña no se limita a la distribución de documentos. El Colegio de Abogados está realizando un intenso recorrido a nivel nacional, llevando a cabo asambleas y actividades con juristas y expertos para analizar la nueva normativa. Ya han celebrado encuentros en San Cristóbal y Santo Domingo Oeste, y están programando una actividad en la Asociación de Abogados de Santiago para continuar con este ejercicio didáctico.

Potentini ha subrayado que el nuevo código, aunque necesario, tiene aspectos “perturbadores” que deben ser corregidos. Entre las fallas más destacadas se encuentran:

Definiciones ambiguas: La ley castiga el “ultrajar a un funcionario público con un gesto” sin especificar qué se considera ofensivo, lo que podría generar una “tensión” con la libertad de expresión.

Sanciones desproporcionadas: Se imponen multas a funcionarios públicos en base a su salario, lo que podría resultar en cifras “exorbitantes”. Además, las penas acumulativas de hasta 60 años son vistas como una “especie de pena de muerte” que contradice la filosofía constitucional de la reinserción social.

Vulnerabilidad para profesionales: Se establece que un experto o intérprete que “niegue la verdad” en un proceso judicial puede enfrentar penas de 2 a 3 años de cárcel, o de 5 a 10 años en casos de “gravedad”. Esta disposición podría disuadir a los profesionales de colaborar con la justicia por el riesgo de ser incriminados.

Disminución de la conciliación: El código se aleja de la filosofía de la justicia restaurativa que promovía el Código Procesal Penal, limitando la posibilidad de que las partes lleguen a acuerdos y priorizando el “orden público” y el castigo.

Potentini sostiene que el código es el resultado de un proceso en el que cada legislador intentó “hacer un traje a la medida,” dando como resultado un “Frankenstein” legislativo que debe ser perfeccionado. El presidente del CARD indicó que las enmiendas serán presentadas ante el Tribunal Constitucional o el propio Congreso Nacional, y confía en la apertura del presidente de la República y de la procuradora general Jenny Berenice para abordar estas preocupaciones.