Denuncian que Diddy contacta testigos y usa redes para obstruir la justicia

Entretenimiento. -Sean ‘Diddy’ Combs intentó contactar a posibles testigos e influir en la opinión pública desde la cárcel en un intento de afectar a los potenciales jurados para su próximo juicio por tráfico sexual, según advirtieron los fiscales del caso en un documento judicial que insta a un juez a rechazar su última solicitud de fianza.

Las acusaciones del gobierno se realizaron en un documento del tribunal federal de Manhattan presentado el viernes por la noche que se opone a la última propuesta de fianza de 50 millones de dólares (unos 47 millones de euros) del magnate de la música. Se ha programado una audiencia de fianza para la próxima semana.

Los fiscales escribieron que una revisión de las llamadas telefónicas grabadas desde la cárcel realizadas por Combs muestra que ha pedido a miembros de su familia que contacten a posibles víctimas y testigos y les ha instado a crear “narrativas” para influir en el grupo de jurados. Dicen que también ha fomentado estrategias de marketing para influir en la opinión pública.

“El acusado ha demostrado repetidamente —incluso mientras está bajo custodia— que infringirá las normas flagrantemente y repetidamente para impactar indebidamente el resultado de su caso. En otras palabras, el acusado ha demostrado que no se le puede confiar el cumplimiento de reglas o condiciones”, escribieron los fiscales en su presentación.

Asimismo, escribieron que se podría inferir de su comportamiento que Combs quiere chantajear a las víctimas y testigos para que guarden silencio o para que proporcionen testimonios que favorezcan su defensa.

Los abogados del artista no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los fiscales dijeron que Combs, de 55 años, comenzó a infringir las normas casi tan pronto como fue detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras su arresto en septiembre.

Él se ha declarado no culpable de los cargos de coaccionar y abusar de mujeres durante años con la ayuda de una red de asociados y empleados, mientras silenciaba a las víctimas a través de chantajes y violencia, incluyendo secuestro, incendio premeditado y golpizas físicas.

Dos jueces han concluido que representa un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga.