Funcionarios desafían autoridad de Abinader y mantienen trabas a entrega de información por Libre Acceso.

En nuestro país, hace 20 años se creó la Ley 200-04, conocida como Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, precisamente para garantizar este derecho fundamental. Su objetivo es sencillo pero poderoso: abrir las puertas de las instituciones públicas y permitir que la luz del escrutinio público ilumine cada rincón de la gestión gubernamental.

Esta ley destaca en uno de sus considerandos, el derecho que tienen los ciudadanos a investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas, el mismo, es un principio universal consagrado en varias convenciones internacionales, ratificadas por República Dominicana, razón por la cual, el Estado está en el deber de garantizar el libre acceso a la información en poder de sus instituciones.

Desde que asumió el poder el presidente Luis Abinader, ha enarbolado la bandera de la transparencia y una firme postura contra la corrupción, instando a sus funcionarios a que sean responsables, cumplan con sus obligaciones y a respetar los principios de rendición de cuentas que rigen su gestión.

A pesar de la más reciente advertencia hecha en LA Semanal por el primer mandatario de la nación a sus funcionarios para que entreguen a los medios de comunicación cualquier información solicitada requerida en virtud de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y la ordenanza del Ministerio de la Presidencia, donde afirma que dará seguimiento a la entrega de datos y que en el caso de no cumplir con lo que establece la Ley, tomará otras medidas, ministros y directores de diferentes instituciones, desafían abiertamente la voluntad del presidente Abinader, y continúan negando y poniendo trabas para entregar información de calidad y en el momento oportuno.

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