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RESUMEN
El dirigente de la Fuerza del Pueblo alerta sobre los robos que afectan a la ciudad, cuestiona las condiciones en que opera la Policía Nacional y critica los retrasos del monorriel y otras obras anunciadas por el Gobierno.
Santiago de los Caballeros.– Los robos contra establecimientos comerciales de Villa Olga constituyen una muestra de la inseguridad que afecta a Santiago de los Caballeros, mientras el Gobierno del presidente Luis Abinader multiplica los anuncios de inversiones y mantiene sin resolver problemas fundamentales para la tranquilidad y el bienestar de la población.
Así lo denunció el ingeniero Hamlet Otáñez, miembro de la Dirección Política y presidente municipal de la Fuerza del Pueblo (FP) en Santiago, quien afirmó que en Villa Olga se han registrado ocho robos por escalamiento contra negocios, una situación que considera alarmante y representativa de los problemas de seguridad que enfrenta la ciudad.
Durante una entrevista televisiva, Otáñez advirtió que los robos, asaltos y otras manifestaciones de violencia contrastan con el discurso oficial de prosperidad. Señaló que la inseguridad afecta la tranquilidad de las familias, las actividades comerciales y la confianza de quienes invierten en Santiago.
Su denuncia coincide con los recientes casos reportados por establecimientos como Nocciola y Pain et Chocolat, además de otros negocios afectados por hechos delictivos en Villa Olga y sectores próximos.
Una Policía que también trabaja en precariedad
El dirigente opositor cuestionó que la Policía Nacional continúe operando en instalaciones precarias en Santiago, pese a los reiterados anuncios gubernamentales sobre la construcción de una nueva sede regional.
La situación adquiere mayor gravedad ante revelaciones periodísticas recientes que documentan agentes del departamento de Acción Rápida durmiendo en un furgón, unidades especializadas trabajando en estructuras improvisadas y espacios afectados por filtraciones y otras deficiencias.
Otáñez recordó que el presidente Abinader prometió una nueva sede policial, pero cuestionó que el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 no permita identificar una asignación específica para esa construcción.
La contradicción resulta evidente: mientras la delincuencia preocupa a comerciantes y residentes, parte del personal responsable de combatirla permanece en condiciones inadecuadas y la infraestructura prometida continúa sin materializarse.
El presidente municipal de la FP sostuvo que Santiago refleja la distancia existente entre las inversiones anunciadas y los resultados concretos de la gestión gubernamental, al considerar que importantes problemas sociales permanecen sin respuestas satisfactorias.
Monorriel: retrasos y una solución incompleta
Otáñez también cuestionó los sucesivos aplazamientos del monorriel de Santiago y advirtió que su impacto sobre el transporte será limitado si no se completan las rutas alimentadoras que deben conectarlo con los principales accesos de la ciudad.
Explicó que el trazado inicial deja sin conexión ferroviaria directa importantes corredores como la autopista Duarte, las carreteras hacia Licey y Tamboril, los barrios de la zona norte y la entrada desde Puerto Plata.
A su juicio, una infraestructura de esa magnitud no resolverá por sí sola los problemas de movilidad si una parte considerable de la población carece de conexiones adecuadas para utilizarla.
El dirigente extendió sus críticas a la prolongada intervención de la autopista Duarte y a otras obras anunciadas para Santiago que continúan inconclusas o sin financiamiento específico claramente identificado.
Asimismo, cuestionó los apagones y el incremento de las tarifas eléctricas, problemas que, según afirmó, golpean directamente a los hogares y establecimientos comerciales, contradiciendo la imagen de bienestar que promueve el Gobierno.
Otáñez insistió en que el desarrollo de Santiago no puede medirse por la cantidad de anuncios presidenciales, sino por las soluciones que reciben sus habitantes.
La seguridad de las familias, las condiciones de trabajo de la Policía, la movilidad y la calidad de los servicios públicos son, a su juicio, los resultados por los que debe responder el Gobierno del PRM, más allá de sus discursos y promesas.
