Guillermo Caram, Julio César de la Rosa y Daniel Pou ven urgencia de reforma fiscal para el 2024

Es necesario abordar de inmediato una reforma fiscal en el 2024, hay posibilidades de que se activen casos de presunta corrupción a partir de enero y ante los traumas y frustraciones acumulados, uno de los principales retos de los políticos es tornarse creíbles, plantearon Guillermo Caram, Julio César de la Rosa y Daniel Pou.

Entrevistados por un medio local, en donde se pasa balance al 2023 y se pone en perspectivas el 2024, señalaron cada uno de los desafíos que tiene el país en materia económica, política y en el sistema de consecuencias frente a los supuestos actos de corrupción.

Guillermo Caram: “Es necesario abordar la reforma de inmediato para el 2024”

El ex gobernador del Banco Central, ingeniero Guillermo Caram, advirtió que hace catorce años debió hacerse una reforma fiscal en el país, pero los gobiernos le han tenido miedo, “como el diablo a la cruz”.

El economista especificó que algunos se han negado a discutir el gasto, juntamente con la reforma y otros han sobreseído el debate, como el presidente Luis Abinader.

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Refiriéndose a Argentina, dijo que tiene una presión fiscal de un 29%, el doble de la República Dominicana, y sin embargo la nación latinoamericana tiene una crisis fiscal y económica peor que la del país.

Caram consideró que el problema no está en los impuestos ni la presión tributaria, sino en la administración del gasto.

“Es necesario abordar la reforma de inmediato para el 2024 y ojalá esté siendo preparada desde ahora, que cada candidato con opción; Luis Abinader y Leonel Fernández, esté preparando su equipo y que bonito sería si existiera un milagro de que pudieran prepararla conjuntamente para aumentar su viabilidad”, acotó.

El experto afirmó que, por primera vez, en muchos años, la economía dominicana tiene un crecimiento moderado.

“Que no es malo porque hasta cierto punto un crecimiento excesivo, por mucho tiempo, crea problemas financieros”, significó.

Planteó que el 2023 es un año desafiante porque con tasas de crecimiento bajas, un entorno internacional incierto, caracterizado por un clima de guerra, los rezagos de la pandemia.

El economista comentó que la situación fiscal sigue siendo como ha estado en los últimos años, porque en los últimos 14 años la fiscalidad solamente en un año fue superavitaria.

“El resto fue deficitaria, RD$688,000 millones es el resultado operativo bruto del manejo financiero en los últimos 14 años, ello te lleva a que necesariamente tiene que depender del endeudamiento”, adujo.

Caram dijo que con razón el endeudamiento desde el 2008, la relación deuda-producto se ha duplicado, por lo que el país está en una situación desafiante, por un lado, reactivar y llegar a niveles de crecimiento satisfactorio, resolver el déficit fiscal y no seguir dependiendo del endeudamiento.

Asimismo, mejorar la calidad del crecimiento económico, que permita redundar en beneficio de las condiciones de vida del pueblo dominicano.

“Porque en cierta forma aquí hay como dos economías, la que se está midiendo por tasa de crecimiento, la economía formal, pero hay una economía subterránea, una economía informal, que tiene que ver mucho con la seguridad ciudadana, que no se mide, no se sabe, entonces vivimos cultivando la propina, las informalidades y eso es un reflejo que no permite hacer un diagnóstico adecuado de lo que está viviendo el pueblo dominicano”, significó.

Julio César de la Rosa: “Probablemente se activen otros casos de corrupción a partir de enero”

El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), doctor Julio César de la Rosa, advirtió que probablemente haya casos de presunta corrupción frente a los cuales no se inicie su procesamiento, pero hay posibilidades de que haya otros que se activen.

El dirigente de la sociedad civil entiende que el tema de la corrupción se ha convertido en una bandera de lucha política y tradicionalmente es el más dulce como para salir a relucir durante una campaña electoral.

De la Rosa afirma que probablemente en una salida política se pueden utilizar esos mismos casos para atraer o alejar adeptos, lo cual vendría a profundizar la crisis de no enfrentar el tema de manera efectiva.

El catedrático planteó que hay una práctica en la gestión pública, en el entendido de que los funcionarios que deben ser procesados son siempre los del gobierno que sale.

“Muy difícilmente se produzca un régimen de consecuencia efectivo en la propia administración, porque tiene una salida, y es la destitución como una persona sindicada en la comisión de irregularidades el presidente lo quita, ya la gente entiende que esa fue una respuesta”, significó.

De la Rosa sostuvo que si se toma el número de ministros que han sido cesados, algunos por la vía elegante de la licencia y otros destituidos o llevados a una posición sin manejo de recursos, se puede ver de manera positiva.

Pero en el caso de funcionarios públicos que se les pueda quitar lo supuestamente robado, a partir de ahí surtirá el efecto que rige el sistema de consecuencias.

El jurista entiende que el país se coloca en los niveles más bajos en la lucha contra la corrupción, a nivel internacional.

“Si hacemos un balance de lo que ha transcurrido en el año, específicamente lo que debe ser el abordaje del tema de la transparencia, se puede advertir que si establecemos algunos avances con la medición que actualmente tiene el propio gobierno, de medir la transparencia, del cumplimiento de la norma en esa materia, tiene 100 porque vemos que una serie de instituciones, al momento de ser calificadas en el renglón transparencia, la mayoría tienen 100”, agregó.

Sin embargo, De la Rosa dijo que para su sorpresa esas instituciones, en ocasión de un solo proceso, el incumbente termina en licencia motu proprio o a solicitud del presidente de la República, “lo que significa que no hay tales avances en materia de transparencia en los últimos tiempos”, agregó.

Manifestó que a pesar de que una serie de auditorías de la Contraloría General de la República arrojó una serie de irregularidades en instituciones del Estado, sus incumbentes se mantuvieron en los cargos y no fue procesado ninguno.

“Ni hablar de lo que es el papel de la Cámara de Cuentas, que, de 79 auditorías en el plan anual de auditorías, no ha realizado diez”, enfatizó.

Consideró que la transparencia es un conjunto de acciones, que van desde el derecho de estar informado y que las instituciones cumplan con el portal transparencia, donde se coloque la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria.