Hablemos de agua

Por Paino Abreu Collado

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Origen

Y dijo Dios, en Génesis 1:6: “Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas”. He ahí el origen del agua en sus dos estados principales, el líquido (mares, lagos, lagunas y ríos) y gaseoso (vapor en el aire y condensada en las nubes). Nos aferramos a ese origen del agua como recurso natural.

Ahora bien, conviene recordar que el agua no se queda quieta: se evapora, se condensa, precipita en forma de lluvia, escurre por la superficie, se infiltra en el subsuelo y vuelve a evaporarse. Ese ciclo hidrológico es el que mantiene el agua a nuestro alcance. Y el agua, igual que el aire, en su estado natural es un bien no apropiable. En la República Dominicana así lo dicen la Constitución y las leyes.

El agua en el derecho dominicano

La Constitución de 2010, en su Artículo 15, lo establece sin rodeos: “El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad absoluta sobre cualquier otro uso”.

La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, número 64-00, en su Artículo 126, es todavía más tajante: “Todas las aguas del país, sin excepción alguna, son propiedad del Estado y su dominio es inalienable, imprescriptible e inembargable. No existe la propiedad de las aguas ni derechos adquiridos sobre ella”.

Y la Ley 5852, sobre Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas, en su Artículo 11, lo viene diciendo desde 1962: “Las aguas de los ríos, las aguas que nacen continua o discontinuamente en terrenos del dominio público, las continuas o discontinuas de manantiales y arroyos que corren por sus cauces naturales, constituyen parte del dominio público de la Nación”.

Es decir, jurídicamente hablando, en la República Dominicana el agua goza de la máxima protección como recurso natural y como bien de derecho público. A esa protección hay que sumar que, desde 2010, las Naciones Unidas reconocen el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. En el papel, pocos bienes están mejor resguardados.

Ahora bien, el papel es una cosa y la realidad otra. La Ley que todavía hoy regula el dominio y la distribución de nuestras aguas, la 5852, fue dictada en 1962, cuando el país tenía poco más de tres millones de habitantes y una realidad muy distinta a la actual. Sin embargo, obtener consenso para cambiarla no ha sido fácil. Los intentos datan de hace más de 20 años y varios proyectos han perimido o duermen en el Congreso Nacional, sin que ningún gobierno haya logrado su aprobación.

Las razones de la discrepancia no son técnicas. El punto nodal es que las instituciones del sector no terminan de ponerse de acuerdo sobre cuál de ellas administraría el recurso, no ya como bien natural que todos sabemos es una responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, sino como bien económico, por el enorme valor de un recurso esencial cuasi infinito que se renueva así mismo. Bien se ha dicho: “el agua vale más que el oro”. Mientras tanto, seguimos administrando el agua del siglo 21 con una ley de hace más de 60 años.

Llueve mucho, pero el agua falta

Pasemos de la ley a los números. Sobre el territorio dominicano precipitan cada año alrededor de 70,000 millones de metros cúbicos de agua. Es una cifra enorme. Sin embargo, de toda esa lluvia solo unos 26,000 millones de metros cúbicos resultan aprovechables y según la FAO, los recursos hídricos renovables del país rondan los 23,500 millones de metros cúbicos al año.

Distribuido  ese volumen de agua entre la población, a cada dominicano le corresponderían alrededor de 2,200 metros cúbicos al año, lo cual podría parecer holgado pero no lo es. El promedio de Centroamérica y el Caribe ronda los 6,600 metros cúbicos por habitante, casi el triple, y el umbral internacional por debajo del cual se habla de estrés hídrico es de 1,700 metros cúbicos. Estamos, pues, entre los países del continente con menos agua renovable por persona, y la cifra sigue bajando a medida que crece la población. No sorprende que varias regiones, en especial el Suroeste y la Línea Noroeste, ya padezcan escasez.

¿Y a dónde va el agua que sí aprovechamos? La mayor parte, más del 80%, se destina al riego agrícola, y de esa agua de riego se desperdicia cerca del 70% por técnicas ineficientes. El consumo humano, en cambio, representa una porción modesta: poco menos de 100 metros cúbicos por persona al año, según el INDRHI. Y hay un dato todavía más alarmante: de cada 100 litros de agua potable que entran a las redes de distribución, entre 50 y 60 se pierden antes de llegar a una llave, por tuberías rotas, conexiones ilegales y falta de medición. No es solo que gestionamos mal el agua. Es que la dejamos escapar.

He ahí otra paradoja dominicana: tenemos agua natural suficiente pero su uso y distribución es ineficaz. Vale decir que en nuestro caso la escasez no la impone la naturaleza, sino la falta de planificación, la obra que no se hace o que se hace y no funciona y el descuido permanente de quien debe administrar. Es una escasez fabricada.

Un derecho humano que se compra embotellado

El agua es un bien público, es esencial, es un derecho humano, ya lo hemos dicho y repetido. No obstante, en la República Dominicana el agua que de verdad puede tomarse hay que comprarla. La de la llave, la que entregan los acueductos, nadie la bebería directamente: hay que hervirla, filtrarla o, lo más común, sustituirla. Así, el agua realmente potable terminó privatizada, convertida en un artículo más del comercio. Hoy, en la capital dominicana, un galón de agua embotellada, corriente, cuesta RD$30.00.

El dato dibuja el tamaño del problema. En 1990, apenas el 13% de la población urbana bebía agua embotellada; hoy lo hace cerca del 89%. El Banco Mundial llegó a llamar a la República Dominicana “el país del agua embotellada”. Y lo más injusto: el 40% de los hogares más pobres destina alrededor del 12% de su ingreso a comprar agua embotellada, cuando lo razonable, según dicha institución es que ese gasto no pase del 5%. Quien menos tiene es quien más paga, porque el Estado no entrega lo que la Constitución garantiza.

Y al otro extremo del ciclo, el del agua que ya usamos, el panorama es igual de grave. Diversas fuentes oficiales admiten que apenas alrededor del 5% de las aguas residuales pasa por una planta de tratamiento antes de regresar a los cauces. Hay un problema de salud presente. Dos de cada tres hogares dominicanos ni siquiera cuentan con conexión a una red de alcantarillado. El resto del agua servida va a parar, sin tratar, a los ríos, a los arroyos y al subsuelo, es decir, a las mismas fuentes de donde luego pretendemos beber. Contaminamos el agua en su origen y después, los que pueden, compran embotellada la solución, pero entre estos extremos se hace difícil calcular el costo de las enfermedades, las muertes y los gastos médicos y hospitalarios que se generan

Es obvio, entonces, que en la República Dominicana no estamos ante un problema de la naturaleza, sino ante un problema del Estado: grave ausencia de políticas públicas, falta de planificación, escasa inversión y serias fallas de administración y gestión del recurso agua. Tenemos la mejor protección del agua en el papel y una de las peores gestiones en la práctica. Esa distancia entre la norma y la realidad es, en el fondo, todo el problema.

Cerrar esa distancia exige decisiones que no admiten más demora: aprobar una ley de agua y saneamiento, ordenar el sector, invertir en redes y en plantas de tratamiento, y tecnificar el riego que hoy derrocha la mayor parte del líquido. De cómo hacerlo, y de quién debe encabezarlo, hablaremos en una próxima entrega. Porque de agua, en este país, hay mucho de qué hablar.