Haití: entre la hipocresía internacional y las bandas criminales

La reciente masacre en la comuna de Kenscoff, ocurrida en agosto de 2026, donde decenas de personas fueron ejecutadas, algunas incluso dentro de una iglesia, no es un incidente aislado, sino el síntoma terminal de un país que agoniza ante la mirada indiferente del mundo. Con al menos 42 muertos en este último ataque, Haití se confirma como un escenario de horror donde las bandas criminales dictan la ley y la comunidad internacional se refugia en una retórica de solidaridad que nunca se traduce en acciones efectivas. Mientras el gobierno haitiano declara alerta máxima, la realidad es que el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza, dejando a la población civil en una indefensión absoluta.

La coalición de pandillas Viv Ansanm, liderada por el exoficial de policía Jimmy «Barbecue» Chérizier, controla hoy entre el 80% y el 90% de la capital, Puerto Príncipe, y ha extendido su dominio a zonas estratégicas como Kenscoff y el departamento de Artibonito.. Bajo el irónico nombre de «Vivir Juntos», esta alianza ha convertido el cuerpo de mujeres y niñas en campos de batalla mediante violaciones sistemáticas y ha reclutado forzosamente a menores, quienes ya representan un tercio de sus filas. La violencia no solo es física; es estructural. Al bloquear terminales de combustible y carreteras principales, las bandas han provocado que más de 5 millones de haitianos sufran inseguridad alimentaria aguda, con miles de personas en condiciones de hambruna real.

Sin embargo, el terror de las bandas es solo la mitad de la tragedia. La otra mitad es la hipocresía internacional. Durante décadas, Haití ha sido el laboratorio de misiones de paz de la ONU que, lejos de estabilizar el país, dejaron tras de sí escándalos de abuso sexual y la introducción de una epidemia de cólera que costó miles de vidas. Misiones como la MINUSTAH y la MINUJUSTH fallaron en su objetivo primordial: construir una estructura estatal sólida y desarmar a los grupos criminales. Hoy, la historia se repite con la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) y su sucesora, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Estas iniciativas han sido descritas por observadores locales como turistas, que tras meses de despliegue, no han logrado frenar el avance de los delincuentes.

Haití es hoy un Estado fallido sin presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021, sin un Parlamento en funciones y con un sistema judicial colapsado donde el principal palacio de justicia fue tomado por pandillas que destruyeron evidencias cruciales. Los consejos de transición se suceden entre pugnas internas mientras las bandas asaltan prisiones, liberando a miles de criminales que refuerzan su poder de fuego.

La promesa de elecciones para finales de 2026 parece una fantasía macabra en un país donde no hay seguridad mínima para empadronar a los votantes. La comunidad internacional debe dejar de gestionar la crisis con parches y empezar a abordar el tráfico de armas que fluye principalmente desde Estados Unidos hacia las pandillas. La historia juzgará la inacción y la falta de empatía de un mundo que ha decidido que la vida de un haitiano vale menos que un cálculo político o una cuota presupuestaria. Si no se detiene la hipocresía y se ofrece una asistencia integral que no solo militarice, sino que reconstruya la infraestructura y la justicia, Haití seguirá hundiéndose en un abismo del que no habrá retorno posible.