La Junta Central Electoral (JCE) dispuso la cancelación del ex Oficial del Estado Civil Cristian Miguel Moreta Romero tras una serie de controversias relacionadas con la suplantación de identidad y la negación de documentos en la frontera. El caso más reciente que involucró al funcionario ocurrió en la Oficialía de Comendador, en Elías Piña, donde Moreta Romero se negó a emitir una cédula a Jenny Quezada Batista, una mujer de nacionalidad haitiana, pese a que la Comisión de Oficialía ya había reconocido su acta de nacimiento dominicana, previamente suplantada por otra extranjera.

Según el expediente, durante la entrevista de depuración el ex Oficial detectó contradicciones en la declaración de la madre, quien admitió que la joven le fue “regalada” en su infancia, hecho incompatible con la filiación biológica asentada en el registro. A esto se sumó el desconocimiento por parte de la solicitante sobre la identidad del supuesto padre biológico. Estas irregularidades llevaron a Moreta Romero a detener el proceso, alegando inconsistencias que ameritaban una investigación más profunda.

Tensiones internas en la JCE

La decisión del funcionario generó fricciones con autoridades internas del Registro Civil, incluida la del subdirector Manuel Ruíz. De acuerdo con declaraciones ofrecidas por Moreta Romero al periodista Daniel Montero, hubo presiones para que el documento fuera emitido, pese a las dudas levantadas en la entrevista de rigor. Tras el conflicto, el ex Oficial aseguró que se le dificultaba ejercer correctamente sus funciones de verificación e investigación documental, lo que finalmente motivó su salida de la institución tras más de 20 años de servicio. Posteriormente, la señora Quezada Batista recibió su cédula.

Fraude documental y ausencia de consecuencias

En sus declaraciones, Moreta Romero señaló que los casos de suplantación, falsedad y suposición de parto continúan acumulándose en diversas oficialías, especialmente en zonas fronterizas y urbanas de alta complejidad. Aunque la ley contempla penas de hasta 10 años de prisión para quienes incurren en estos delitos, los expedientes rara vez concluyen en consecuencias legales, lo que ha generado un volumen creciente de solicitudes irregulares y procesos de validación fallidos en lugares como Santo Domingo Norte y Elías Piña.

El exfuncionario apunta también a que el sistema de registro civil depende, en gran medida, de la coordinación interinstitucional con organismos como el INACIF, entidad responsable de realizar pruebas científicas en casos donde la filiación es cuestionada. Sin embargo, la falta de acciones penales derivadas de estas pruebas ha contribuido a la acumulación de expedientes inconclusos.

Contexto nacional: documentación fronteriza y decisiones del Estado dominicano

Este caso emerge en un momento en que la República Dominicana se encuentra bajo escrutinio internacional por temas vinculados a su política migratoria y documental. Recientemente, el país votó a favor en una resolución del ACNUR/ONU que contempla la recepción de refugiados haitianos en situaciones de emergencia humanitaria.

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