La señal que preocupa al sector: cae la superficie bajo control sanitario en la Patagonia

La superficie frutícola adherida al Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) para exportar peras, manzanas y membrillos desde Argentina hacia Brasil continúa mostrando una tendencia descendente que comienza a generar preocupación entre especialistas, organismos sanitarios y actores de la cadena productiva del norte de la Patagonia.

Según datos suministrados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), relevados durante la campaña 2026, la superficie total de frutales de pepita alcanza las 32.866 hectáreas, distribuidas en 16.157 hectáreas de manzanas y 16.709 hectáreas de peras. De ese total, 23.153 hectáreas se encuentran adheridas al Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) exigido para ingresar fruta al mercado brasileño, lo que representa aproximadamente el 70% de la superficie productiva.

Menos hectáreas y menos productores

Aunque el porcentaje de cobertura sigue siendo significativo, la evolución de los últimos años muestra señales que encienden luces de alerta. En 2017, la superficie adherida al sistema alcanzaba las 25.321 hectáreas. Comparada con la cifra actual, la reducción supera las 2.100 hectáreas en menos de una década.

La disminución no ha sido circunstancial. Por el contrario, los registros evidencian una caída sostenida a lo largo de los últimos años. El principal punto de inflexión se produjo durante la campaña 2021, cuando cerca de 1.500 hectáreas dejaron de formar parte del sistema en una sola temporada, marcando uno de los retrocesos más importantes de la serie histórica reciente.

El SMR constituye un protocolo sanitario acordado entre el SENASA y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil (MAPA). Su objetivo es garantizar que la fruta exportada se encuentre libre de carpocapsa (Cydia pomonella), una plaga considerada cuarentenaria por las autoridades brasileñas.

Para cumplir con este requisito, el sistema establece estrictos controles de trazabilidad y monitoreo sanitario que abarcan todo el proceso productivo, desde la chacra hasta el empaque. El SENASA es el organismo encargado de fiscalizar los establecimientos adheridos y emitir los correspondientes certificados fitosanitarios.

La rigurosidad del protocolo responde a las consecuencias que puede generar una detección positiva en frontera. Cuando las autoridades brasileñas identifican fruta infectada, los cargamentos pueden ser rechazados, devueltos o incluso destruidos bajo cuarentena, generando importantes pérdidas económicas para los exportadores y afectando la imagen sanitaria de toda la región.

Sin embargo, más allá de las exigencias comerciales, el problema de fondo parece estar vinculado a la disminución progresiva de la participación dentro del sistema. No sólo cae la superficie adherida, sino también la cantidad de establecimientos y productores involucrados.

Los datos oficiales indican que en los últimos diez años la cantidad de establecimientos incorporados al sistema pasó de 1.965 a 1.712 unidades productivas. La reducción representa una merma cercana al 13%, un indicador que refleja las dificultades estructurales que atraviesa el sector frutícola regional.

Una tendencia que preocupa al sector

Especialistas consultados tanto del ámbito público como privado coinciden en que la situación aún no puede calificarse como crítica, pero sí como una tendencia preocupante que requiere atención inmediata. La combinación de menor superficie, menos productores adheridos y una reducción en la cantidad de establecimientos participantes podría generar condiciones favorables para el avance de la plaga en el mediano plazo.

En este contexto, varios analistas sostienen que el manejo de la carpocapsa debe dejar de ser considerado únicamente un requisito de exportación y transformarse en una verdadera política sanitaria regional.

El principal desafío radica en las denominadas “áreas de manejo”. La experiencia acumulada durante años demuestra que el esfuerzo individual de un productor puede resultar insuficiente cuando los establecimientos vecinos no implementan controles adecuados.

Los montes abandonados o aquellos con manejos deficientes se convierten en reservorios permanentes de la plaga, afectando incluso a los establecimientos que cumplen correctamente con todas las exigencias sanitarias. Por esta razón, la efectividad de herramientas como las trampas de monitoreo y las técnicas de confusión sexual depende en gran medida del trabajo coordinado y colectivo.