Analizando noticia con IA…espere un momento
RESUMEN
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público han interrogado a más de 30 personas con relación al escándalo de corrupción que salpica al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El titular de la Dirección de Persecución, Wilson Camacho, informó que las pesquisas comenzaron en julio y que la investigación “está bastante avanzada”.
Senasa en el centro de las pesquisas.
“Hemos interrogado a más de 30 personas y pretendemos cerrar este proceso en el menor tiempo posible, porque los actos de corrupción que afectan la salud son los más graves que puede enfrentar un país. Vamos a procurar que todo aquel que haya tomado un solo peso del erario destinado a la salud de los dominicanos se siente en el banquillo de los acusados”, advirtió Camacho.
Acelera el caso
El pasado 13 de este mes, el presidente Luis Abinader dispuso que el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisralril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo de Senasa, Edward Guzmán, entregaran a la Procuraduría General de la República un informe detallado sobre las graves irregularidades detectadas en la institución.
Dicho informe fue recibido por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, lo que permitió dar un impulso decisivo a la investigación.
Con esta acción, el Gobierno reafirmó “el compromiso indeclinable” del presidente Abinader con la transparencia, la institucionalidad y la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, “sin excepciones ni privilegios”, tal como reiteró el mandatario durante su más reciente encuentro La El Gobierno llamó a la tranquilidad de todos los afiliados del Seguro Nacional de Salud, ya que esta acción no afecta en modo alguno la continuidad ni la calidad de los servicios de salud garantizados por SeNaSa.
El gobierno afirmó que el país puede tener la certeza de que, en la medida en que avancen las investigaciones, será el propio Ministerio Público quien informará con responsabilidad y conforme al debido proceso.
El escándalo de corrupción fue desatado en el programa de Julissa Céspedes documentó que más de 4,000 procedimientos médicos fueron autorizados aunque nunca llegaron a realizarse, valiéndose de identidades reales de afiliados. Para dar apariencia de legalidad se utilizaba un “call center paralelo”, operado por exempleados desde fuera de la institución, que gestionaba las autorizaciones.
