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RESUMEN
Un ciclo de anuncios, cumplimientos anodinos y acciones dispersas, caracterizan los pasados 20 años de lucha contra la violencia. En ocho (8) años, se cuentan más de 35,000 muertes accidentales y violentas.
Una buena tasa de control de homicidios-feminicidios es 0-5 por 100,000 habitantes/año. Cuando excedemos los ocho (8) fallecidos por 100 mil, se entra en epidemia en la metodología epidemiológica denominada canal endémico de violencia. Con umbrales epidémicos, endémicos y de seguridad. En los números, tenemos más de dos décadas en epidemia. La sostenibilidad e institucionalidad están ausentes en muchas intervenciones.
Proponemos siete acciones, algunas sugeridas por la Estrategia Santiago 2030, para lograr victorias sostenibles contra la violencia.
La primera es fortalecer la reforma policial con nuevos recursos financieros. Continuar lo bueno que se hace que no es poco. Hay que prolongar la modernización del equipamiento policial, la estructura física de 100 cuarteles del corredor Duarte y construir el esperado edificio de la Policía Regional en Santiago, ubicado en los terrenos del Parque Central al lado del Sistema 911.
Por Dios, al fin podremos cambiar esos uniformes grises fascistas. Peor aun, eliminar los uniformes “rameados” de batalla, que traducen una sociedad en guerra civil. También se deben aportar más equipos y tecnologías, Laptops, cámaras corporales, radares de mano, gas pimienta, tasares, candados de ruedas para vehículos, pincha llantas, chalecos antibalas, mejores macanas y esposas de seguridad personal. La USAID podría colaborar promoviendo acuerdos internacionales entre fuerzas policiales.
El segundo impacto es empoderar a la ciudadanía con la creación por decreto y apoyo de los ayuntamientos, de 10 consejos de seguridad en municipios prevalentes. Cada uno de estos organismos con directores ejecutivos, seleccionados por concurso aliados a juntas de vecinos.
Una tercera intervención es dotar los principales barrios de Santiago y Santo Domingo, de 50 Casas de Justicia y Centros de Asesoría Legal con los Ayuntamientos. En las comunidades es que se resuelven los conflictos, antes de llegar a los tribunales.
La gestión cuarta, debiera conceder a las víctimas de violencia y familiares de fallecidos, la debida asistencia jurídica. La calidad de defensa pública de los acusados para demostrar en tribunales la supuesta inocencia de flagrantes y connotados asesinos, supera capacidades de los familiares de las víctimas de conseguir buenos abogados.
La acción cinco es organizar un sistema de vigilancia epidemiológica. El ministerio salud sabe de eso. Debiera declararse la violencia y sus signos físicos como Eventos de Notificación Obligatoria (ENO) con mapas de riesgo en cada uno de los cuarteles. La violencia es epidemia y como tal debe tratarse. Hay signos sospechosos en mujeres y niños, que detectados oportunamente prevendrían fatalidades.
El impacto número seis, es crear grupos educables de alto riesgo en violencia intrafamiliar. Militares, policías, deportistas, guardianes y serenos, son violentos “hasta que se demuestre lo contrario”. Están marcados por el riesgo de ejecutar una acción contra su familia, su entorno comunitario o laboral.
Finalmente, la gestión se impone crear y apoyar financieramente 10 casas de acogida para mujeres agredidas. La Fundación Red Misericordia de Santiago es una referencia. Los implicados en acciones violentas, requieren terapia de grupos y programas de responsabilidad social con la familia.
