En mayo de 2025, el presidente Luis Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina acordaron un diálogo nacional sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana. El proceso, coordinado por el Consejo Económico y Social, reunió durante varias semanas a representantes políticos, empresariales, laborales y sociales. Los resultados recibieron el endoso de participantes y convocantes, e incluyeron acuerdos importantes sobre temas que tradicionalmente generan profundas diferencias.

El esfuerzo produjo 151 propuestas agrupadas en 26 líneas de acción, que incluían fortalecer el control y ordenamiento migratorio; reforzar la seguridad y la coordinación de los organismos de inteligencia; y avanzar hacia un mercado laboral con mayor fiscalización y formalización de la mano de obra extranjera. Pero el propio documento advertía sobre el riesgo de que los acuerdos se convirtieran en letra muerta. El desafío siguiente era convertir los consensos en acciones y evaluar su cumplimiento.

Un año después del diálogo, es poco lo que la ciudadanía conoce sobre su implementación. Si bien en enero se creó por decreto una Comisión de Veeduría y Seguimiento, que debía presentar informes trimestrales sobre los avances y obstáculos, estos no han sido puestos en conocimiento público. El país tampoco dispone de un balance que permita contrastar lo realizado con lo acordado.

El diálogo sobre Haití fue una experiencia inspiradora, que mostró que todavía existe capacidad social y política para generar grandes consensos. Sus acuerdos son demasiado importantes para quedarse encerrados entre cuatro paredes. No esperemos a que una nueva profundización de la crisis en el país vecino nos obligue a retomar con prisas lo que conviene ejecutar y evaluar de manera permanente.