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RESUMEN
La inversión de recursos en infraestructura pública debe traducirse en soluciones concretas para la ciudadanía. Por ello, el primer balance de las obras financiadas con recursos del acuerdo de Aerodom ofrece una oportunidad para evaluar los avances, identificar los obstáculos y fortalecer los mecanismos de seguimiento que garanticen la conclusión de los proyectos.
Según informó Ricardo Canales, presidente de la comisión de veedores, el Gobierno ha contratado obras por aproximadamente US$480 millones, de los US$775 millones contemplados en el acuerdo. De ese monto contratado, se ha ejecutado alrededor del 35 %. Estas cifras permiten dimensionar el volumen de los compromisos asumidos y evidencian la importancia de acelerar los trabajos pendientes.
Las autoridades han atribuido parte de los retrasos a procesos de expropiación, ajustes de diseño, adecuaciones estructurales y situaciones legales. Son factores que pueden incidir en la ejecución de obras complejas, pero corresponde a las instituciones responsables adoptar medidas oportunas para resolverlos, reducir las demoras y prevenir posibles incrementos de costos.
Entre las intervenciones reportadas figuran las soluciones viales de la Isabel Aguiar con Pintura y la Plaza de la Bandera, ya concluidas y en servicio. También continúan los trabajos en la avenida República de Colombia, el drenaje pluvial de la avenida Luperón y el puente basculante sobre el río Ozama, además de otras intervenciones viales y programas de asfaltado.
El Ministerio de Obras Públicas informó que los proyectos contratados representan aproximadamente RD$31,000 millones y que se han realizado pagos superiores a RD$9,500 millones, sin incluir el anticipo pendiente del puente basculante. La magnitud de estos recursos exige una gestión rigurosa, con prioridades definidas, controles efectivos y evaluaciones periódicas que permitan comparar el avance físico de las obras con los desembolsos efectuados.
En ese contexto, resulta pertinente la propuesta de la comisión de veedores de realizar auditorías técnicas, financieras y de calidad al concluir los proyectos. Estas evaluaciones pueden complementar la supervisión oficial y aportar información verificable sobre el uso de los recursos, la calidad de las infraestructuras y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Asimismo, conviene publicar informes periódicos sobre los avances, los plazos revisados y las dificultades pendientes.
El seguimiento debe distinguir, además, entre las obras financiadas por el Gobierno con recursos del acuerdo y las inversiones que corresponden directamente a Aerodom, a fin de evaluar por separado cada compromiso.
El objetivo no debe limitarse a contratar proyectos y ejecutar presupuestos, sino a concluir infraestructuras seguras, funcionales y duraderas. Cumplir los cronogramas, corregir las desviaciones y rendir cuentas sobre los resultados constituye una responsabilidad esencial de las instituciones involucradas.
La ciudadanía necesita mejoras verificables en la movilidad, el drenaje pluvial y el desarrollo urbano. Ese debe ser el criterio fundamental para valorar esta inversión: que los recursos comprometidos se conviertan en obras terminadas y beneficios tangibles para el país.
