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RESUMEN
El arroz ocupa un lugar esencial en la alimentación de los dominicanos. Presente cotidianamente en la mesa de millones de familias, constituye uno de los productos de mayor incidencia en el consumo nacional y un componente estratégico de la seguridad alimentaria. Su importancia trasciende, por tanto, el ámbito agrícola y adquiere dimensiones económicas y sociales que justifican una atención prioritaria del Estado.
La producción arrocera también representa una fuente significativa de empleos e ingresos para agricultores, trabajadores rurales, factorías, transportistas y comerciantes. Su actividad dinamiza las economías de numerosas comunidades y contribuye a mantener la capacidad del país para abastecer su propio mercado.
Las cifras oficiales ilustran esa fortaleza. En 2025, la producción nacional alcanzó aproximadamente 14.78 millones de quintales de arroz blanco, volumen que permitió cubrir cerca del 96 % del consumo estimado. Estos resultados reflejan el esfuerzo de los productores y los avances alcanzados en investigación, tecnificación y productividad.
Sin embargo, el sector enfrenta un escenario comercial que exige atención. La aplicación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) contempla compromisos de apertura gradual para determinados productos, entre ellos el arroz. En este contexto, la derogación del Decreto 693-24, dispuesta mediante el Decreto 635-26, eliminó el régimen arancelario específico que regulaba determinadas importaciones del cereal.
La decisión, adoptada en medio de conversaciones comerciales con Estados Unidos, ha generado preocupación entre los productores nacionales, que advierten sobre las condiciones de competencia y la necesidad de preservar la sostenibilidad de la actividad arrocera.
El debate debe abordarse con rigor. La apertura comercial no implica necesariamente un perjuicio para la producción nacional, del mismo modo que una mayor protección arancelaria no garantiza por sí sola precios más bajos para los consumidores. Sus efectos dependerán de las condiciones de importación, los costos de producción, la evolución de la oferta y las medidas que se adopten para fortalecer la competitividad.
Lo fundamental es que las decisiones comerciales consideren tanto los compromisos internacionales como las particularidades de un alimento de importancia estratégica. La dependencia excesiva de las importaciones en un producto básico puede aumentar la exposición del país a variaciones de precios y dificultades en los mercados externos.
Preservar la producción arrocera requiere una política sostenida que combine productividad, innovación, financiamiento y condiciones comerciales previsibles. También demanda información oportuna para que los consumidores comprendan las implicaciones de las decisiones adoptadas.
La seguridad alimentaria constituye un interés nacional. Protegerla significa fortalecer la capacidad productiva del país, promover una competencia equilibrada y procurar que el arroz continúe siendo accesible para las familias dominicanas.
