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RESUMEN
La credibilidad de las instituciones constituye uno de los activos más valiosos de cualquier democracia. Sin confianza ciudadana en quienes gobiernan, en los partidos políticos y en los órganos llamados a impartir justicia, se debilita el Estado de derecho y se crea un terreno propicio para el desencanto, la polarización y el avance de propuestas que prometen soluciones fáciles a problemas complejos.
En ese contexto adquieren especial relevancia las reflexiones expuestas por la vice-presidenta Raquel Peña durante el EPP Libertas Forum, celebrado en Madrid, al advertir que las malas prácticas de gobiernos y organizaciones políticas terminan erosionando la confianza pública y, con ella, la estabilidad democrática. Se trata de una afirmación que trasciende fronteras y que interpela por igual a oficialismo y oposición.
La corrupción no solo representa un delito contra el patrimonio público. También destruye la legitimidad de las instituciones y debilita la convicción de los ciudadanos de que las reglas se aplican con igualdad. Cuando esa percepción se instala, la democracia pierde uno de sus pilares esenciales: la confianza.
El señalamiento de la vicepresidenta sobre el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público apunta precisamente a ese desafío. No basta con proclamar autonomía; ésta debe traducirse en investigaciones objetivas, procesos transparentes y una aplicación de la ley libre de favoritismos políticos. Solo así la institucionalidad gana credibilidad y la justicia inspira respeto.
Los avances económicos presentados por el Gobierno, entre ellos el crecimiento de la inversión extranjera y las metas de expansión productiva hacia 2036, encuentran también un vínculo directo con la calidad institucional. Los inversionistas valoran la estabilidad macroeconómica, pero igualmente observan la seguridad jurídica, la fortaleza de las instituciones y la confianza en el cumplimiento de las normas.
Naturalmente, existen voces que sostienen que los resultados económicos bastan para consolidar la gobernabilidad. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que el crecimiento pierde sostenibilidad cuando la corrupción, la impunidad o la debilidad institucional socavan la confianza de la ciudadanía.
La República Dominicana tiene la oportunidad de fortalecer simultáneamente su democracia y su desarrollo. Ello exige preservar la independencia de la justicia, consolidar mecanismos efectivos de transparencia y mantener una vigilancia permanente sobre el uso de los recursos públicos, sin excepciones ni privilegios.
La credibilidad no se decreta; se construye con hechos consistentes, rendición de cuentas y respeto irrestricto a la institucionalidad. Ese debe seguir siendo el compromiso de quienes ejercen el poder y la exigencia permanente de una sociedad que aspira a un futuro de prosperidad sustentado en la confianza y el fortalecimiento de la democracia.
