Se está hablando de cerca de un millón de familias de extendidos sectores sociales medios y bajos que no pasan ni por los frentes de los centros médico-quirúrgicos céntricos de alta gama y facturaciones que convierten los avances de las ciencias curativas en exclusividades de usuarios de ingresos elevados.

Los conglomerados de bajos ingresos quedarían en dramático desamparo sin las clínicas que se sienten empujadas al colapso por las arbitrarias reglas del juego que les impiden encarecer sus servicios en la medida en que pueden hacerlo los centros dirigidos a niveles sociales altos y más solventes. Quedan sometidas al constreñimiento devastador de las vigentes pagos de ahogamiento a que las someten Administradoras de Riesgos de Salud.

Está admitido: para los débiles del sector asistencial privado es letra muerta la ley que en nombre de la equidad incluye como obligatorio indexar o equiparar tarifas por sus servicios a los niveles de inflación que contra ellos resultan pavorosos y de aguda erosión a su rentabilidad. Perecerán si persiste la indiferencia ante sus reclamos mientras las empresas de salubridad de elevado movimiento de caja y respaldo financiero cuentan para todo con el visto bueno en los ámbitos de poder.

Por su poca envergadura, el estrato inferior de los servicios privados de salud está golpeado sin capacidad para resistir las alzas desproporcionadas en medicamentos e insumos importados y nacionales y costosos suministros de electricidad sujetos a categorías comerciales e industriales fuera de las convencionales y a las regulaciones salariales de las que solo sobreviven los establecimientos médicos influyentes a nivel oficial y sólidos en ingresos y capitales con los que las ARS negocian y se entienden.