Resultados de una investigación elaborada por especialistas, la cual fue auspiciada por  los medios del Grupo de Diarios de América (GDA) y divulgados por el rotativo  El Comercio, establecen que quienes dirigen al crimen organizado tienen prácticamente secuestradas  a la mayoría de las sociedades en los países de América Latina.

Según las informaciones recabadas en el proceso investigativo, la mafias que asumen el narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, explotación sexual, sicariato  y todas las acciones delincuenciales, causan terror en la región Latinoamericana.

El accionar de los delincuentes se expresa en asesinatos por encargo, secuestros, asaltos, violaciones a menores de edad, prostitución en gran  escala y reclutamiento de niños y adolescentes para traficar con drogas.

Perú, Venezuela, Brasil y Chile son las naciones más afectadas por la situación, pero también se expande a otros territorios, por lo que se plantea que la criminalidad constituye una seria amenaza regional y esto llama a propiciar la unidad de los Estados y todos los estamentos sociales para combatir a los mafiosos y ejecutar programas orientados a garantizar la paz social, seguridad de la población y la pacificación ­general.

República Dominicana no puede estar ajena a esa dramática realidad, porque también operan  carteles del crimen organizado y es pertinente emprender tareas efectivas contra los mafiosos y bloquear sus operaciones en aras de la estabi­lidad socioeconómica, preservación de la democracia y una cohabitación pacífica.

Es un deber de los gobernantes y de todos los segmentos sociales comprender e interpretar  la magnitud del crimen organizado en Latinoamérica, porque solo así entenderán la gravedad de la problemática y tomarán conciencia de cuáles son los retos que deben encarar por la protección de vidas y propiedades, así como  el derecho a vivir en sosiego.

Frente a este alarmante y desesperante pro­blema, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las autoridades policiales, los organismos de ­seguridad e investigación deben coordinar planes eficaces para contrarrestar a los criminales y de ese modo proteger a las familias latinas, mediante la  aplicación de todo el peso de la ley contra los “forajidos”, quienes deben ser  aislados  de la sociedad.

Mientras que los gobernantes y la clase domi­nante deben articular políticas sociales y económicas, las cuales incluyan la distribución equitativa de las riquezas productivas en las naciones latinas, proporcionar trabajo, salud, educación y bienestar colectivo, a través de las cuales se liberarán de la pobreza a millones de personas que sufren los efectos del hambre, desempleo e injusticias sociales, cuyos males son caldos de  cultivos de la delincuencia.

Se impone, pues, una cruzada unificada contra el crimen organizado en América Latina, por la convivencia pacífica en la región.