República Dominicana brilla en Latinoamérica como modelo de estabilidad, fortaleza institucional y respeto a las formas democráticas. La única ráfaga no meteorológica y de tono cuestionador a la novedades impositivas y de gastos de nombre bonito dadas a conocer apenas acaba de presentar credenciales y proviene de liderazgos sectoriales que no andan partiendo de ligero.

Su atendible criterio de que los efectos adversos que atribuyen a la iniciativa legislativa son subsanables por medios parlamentarios quedan por ahora fuera de revisiones para ajustarla a la realidad. Impedida formalmente la democrática opción que asiste a los gobernados de aportar efectividad y legitimación a cualquier abrupto paquete. Sin el tono de repudio categórico y global que es usual desde trincheras de oposición que con permanente indelicadeza descartan conciliar posiciones.

La prisa para pasar por encima de los procedimientos legislativos y obligatorios en tiempos normales como los presentes, revela actitudes que son demasiado propias de quienes se creen dueños de la verdad. No se ve por ningún lado que sea prioritario imprimir velocidad a respuestas institucionales a la crisis importada por serias distorsiones internacionales derivadas del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Se admitiría que el país está desde mucho antes colocado por negligencia y excesivas concesiones de Estado a una presión tributaria insatisfactoria de la que debería salirse con gradualidad de tratamiento a los intereses de quienes en exclusiva han mantenido al Producto Bruto Interno en sorprendentes niveles superiores al promedio de América Latina.

Para un debate que ponga las cosas en su justa medida, está ya en la palestra la sugerencia de que el Gobierno –antes que nada- se proponga acrecentar sus disponibilidades aumentando la eficiencia en el gasto y reduciendo las evasiones y exenciones fiscales. Lo que haya hecho en ese sentido resulta insuficiente.