“Este solar no se vende. Esta propiedad no está a la venta. Dueño vive en el país.” auge de falsificadores de títulos incrementan estos avisos en Santiago

Fausto García

“El hombre que oculta su pasado se niega a sí mismo.” –.

 En mi país se habla mucho de estado de derecho y de seguridad jurídica, pero nos falta mucho trillo por andar.  Son altas conocidas las estafas inmobiliarias que afectan miles de dominicanos en los últimos años y los millones de dólares o pesos envueltos en ellas. Igual lo son los resultados frustrados en los tribunales del país, que viven los afectados, sometidos todos a las leyes obsoletas de un código penal con 141 años de vigencia, basado en el modelo francés del Siglo XIX, y con más 20 años dando tumbos en el Congreso Nacional para procurar una modificación que no acaba de llegar y que los legisladores de cada turno, se lavan las manos como Pilato.

Son incontables las artimañas empleadas por estafadores para sorprender a simples y humildes dominicanos, que viviendo en este país y también fuera, hacen de tripa corazón para lograr comprar, bajo mucho sacrificio, una vivienda y conquistar así uno de sus grandes sueños.  Las estafas han llegado a tales niveles que abogados y oficinas de abogados con ciertos perfiles de seriedad no recomiendan a ningún cliente comprar o involucrarse en ningún proyecto que no cuente con el respaldo de empresas o inversionistas con sobradas solvencias, o cuando no, que dichos proyectos estén siendo ejecutados bajo fideicomisos de instituciones bancarias serias y responsables.

Lo anterior significa que el derecho de propiedad, con rango Constitucional, vive y se ve permanentemente amenazado, muy amenazado, tanto, que ser propietario de un inmueble se ha convertido en un tormento, pues como dueño usted no sabe en qué momento es víctima de grupos organizados que se dedican a ubicar propiedades, estratégicamente ubicadas, para falsificar sus documentaciones y ya con ellas falsa en sus manos, atrapar a incautos ciudadanos que son sorprendidos en sus buena fe y que al cabo de poco tiempo descubren que han sido víctimas de unos vivos que han estado acechándolos para atraparlos en sus redes.

Y lo peor de todo es que, la justicia de las altas cortes entiende que hay que proteger al “comprador de buena fe”, que es aquel que compró, por ejemplo, al que falsificó todo para vender, y que, a su vez, le vende a otro tercero. Mientras tanto, el dueño real estafado o perjudicado con la falsificación de toda su documentación debe quedarse con las manos en la cabeza porque hay que proteger al “comprador de buena fe.”

En la oficina para la que laboro, en un periodo de 10 años, hemos estados involucrados o vinculados de manera directa, al menos en 8 casos (representando a afectados), los cuales sobrepasan los 25 millones de pesos. El peor y más traumático de todos, fue el de una amiga, que vive en USA, a la cual le falsificaron absolutamente todo y con los documentos falsos simularon una venta, y el supuesto comprador, se presentó a una financiera de la ciudad y le requirió un préstamo grueso para completar el pago del precio de la presunta venta. Todo fue fríamente calculado y ejecutado. Los dos afectados (propietaria y la financiera) -de acuerdo ambas para regresar el inmueble en el sistema de la DGII de nuevo a favor de la verdadera dueña- duraron justamente 7 años dando tumbos en los tribunales para lograr tal propósito, y todo, a pesar de firmar declaración jurada conjunta admitiendo el engaño y la disposición de finalmente solo querer resolver el tema del reverso del inmueble.

Sobre el tema hay mucho que decir, pero quiero concluir exhortando a la población a velar y cuidar sus documentaciones personales y de sus propiedades, evitando entregar copias de ellas a cualquier persona y poniendo siempre las diligencias o trámites de ellos en manos de personas de confianza, lo mismo, que mantenerse dándole seguimiento a sus inmuebles, vale decir, no dejarlos abandonados, pues estas condiciones son aprovechadas por los vándalos.

Por último, a los abogados y notarios que abran los ojos cuando las operaciones inmobiliarias se hagan con poderes consulares, pues estos poderes son la mayor materia prima de los estafadores, vale decir, que los falsifican con mucha facilidad, y como luego los apostillan, le dan “soporte” de más seriedad y legalidad.  En cuanto a la apostilla que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, es un proceso que se hace completamente digital y el ministerio lo que hace es decir que la firma, la calidad y el sello en el documento apostillado son auténticos. Lo dice exactamente así: “Esta apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado, y en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público este revestido.”

Todo apunta que el ministerio no hace ningún tipo de confirmación con el consulado de origen respecto de la existencia en el protocolo (del notario, que es el cónsul) de X poder. Hasta que las instituciones involucradas en el tema, incluyendo PGR y SCJ no tomen carta en el tema y busquen una solución, los facinerosos seguirán haciendo su agosto en cualquier mes. faustogarcia2003@yahoo.com